FEMINISMO Y PROSTITUCIÓN

Prostitución, Feminismo y abolicionismo

Charo Carracedo

Red Feminista

La prostitución o, más pertinentemente, el acceso masculino por precio al cuerpo de las mujeres constituye una práctica social inmemorial, arcaica y antigua como la supremacía masculina sobre las mujeres. En efecto, la prostitución es una versión más, de las modalidades en que se manifiesta y asegura el principio de la autoridad patriarcal y no difiere, en su fundamento, de otras formas en que se hace ostensible el ejercicio de la supremacía o del poder. La mutilación genital femenina, la violencia relacionada con la dote, la autorización legal atribuida a los maridos para castigar física o psicológicamente a las mujeres, las violaciones masivas en tiempos de guerra, por igual la prostitución, constituyen una muestra del catálogo que permiten evidenciar el lugar que corresponde ocupar a las mujeres.

El poder político, en su versión civil o religiosa, ha organizado y participado activamente, también desde tiempos inmemoriales, en la selección de las mujeres que han de estar disponibles para ser usadas pública y colectivamente por los varones y en las condiciones en que se realizan tales usos.

En la época de Solón (640-558 a.C.) encontraremos disposiciones que organizan el mercado de la carne y las circunstancias de acceso a la corporalidad de las mujeres; durante la Edad Media la teología católica aportará la excusa moral que proporciona racionalidad y legitimidad a dichas prácticas, y al dispositivo prostibulario, estimándose que en la escala penitencial lleva menor pena la fornicación con mujer soltera y sin vínculo estamental que la fornicación con mujer casada, con religiosa, con varón o con bestia. Durante el siglo XIX será la razón sanitaria la inspiración de la normativa que justifica la organización del sistema prostitucional.

Los reglamentaristas contemporáneos, continuadores de la tradición pro-prostitución, son los nuevos ideólogos que han tomado el relevo para la pervivencia de tales prácticas. Ellos, modernos y liberales, convergen con unanimidad, aunque con pluralidad de razonamientos, aparentemente diferentes, en convalidar y legitimar el uso sexual de las mujeres.

La industria del sexo forma parte de los fervorosos partidarios de la reglamentación de la prostitución. El proxenetismo organizado[1] reivindica su aportación social, afirmando el carácter de entretenimiento o de ocio de su actividad, una actividad cuyo objeto y materia prima consisten precisamente en poner a disposición de la demanda y en el mercado una variedad suficiente de mujeres para consumo sexual. Los grupos mediáticos tan sesudos, en ocasiones, en el análisis de los conflictos sociales convergen con las demandas de aquellos, su cuenta de resultados[2] permite una recta deducción de sus motivaciones.

Y entre el elenco de sectores pro-prostitución, también contamos con los liberales que, ajenos a las motivaciones económicas, se muestran partidarios de la reglamentación, por ser fervientes defensores, según dicen, de la libertad. Ellos convienen en estimar y señalar enfáticamente que la prostitución forma parte de las elecciones personales y censuran con insistencia la intromisión que representa la crítica feminista a la institución de la prostitución.

Claro que tal punto de vista liberal, no rinde cuenta del hecho nada baladí de que sean precisamente las mujeres, abrumadora y mayoritariamente, y no los hombres, las que toman o acceden a tales elecciones.

Las cifras sobre prostitución son tozudas y contundentes, en el Informe del año 2000 del Fondo de Población de Naciones Unidas se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niños, especialmente niñas, ingresan en los prostíbulos del mundo para ser consumidas sexualmente; por su parte Pino Arlacchi[3], en el año 2002, remarcaba que en el sureste asiático, en sólo una década, 33 millones precisamente de mujeres y niñas habían sido víctimas de la trata con fines de prostitución.

La procedencia de las mujeres en situación de prostitución no deja margen a las elucubraciones. Los datos son de nuevo obstinados en los informes nacionales, por igual en los internacionales, elaborados en el último siglo acreditan que en la década de los 60 las mujeres prostituidas que abastecían los prostíbulos nacionales eran mujeres desafiliadas socialmente (madres solteras, mujeres institucionalizadas …), en los 90 las toxicómanas constituirán el grueso de la población prostituida, actualmente, gracias a la mundialización del mercado, en general, y de la carne, en particular, las inmigrantes de los países con economías dislocadas (rumanas, nigerianas, brasileñas, ucranianas…) son las encargadas de satisfacer las demandas en los países desarrollados.

Curiosa, cuando menos, deviene esta libertad cuyo ejercicio practican esencialmente mujeres, en situación de vulneración y de exclusión social.

Estos liberales denuncian, con vehemencia, la impertinencia de toda apelación ética en el análisis de la prostitución, al fin y al cabo, para ellos, estar en prostitución no es más que la puesta en práctica de una elección, de una libertad que inscriben o sitúan en el ámbito de la autodeterminación sexual.

Ahora bien lo que no aclaran, ni mencionan es quiénes son los titulares de la libertad sexual que se ejercita. ¿Se refieren a las mujeres en prostitución? No, obviamente no.

La sexualidad nada tiene que ver con las mujeres en prostitución. Estar en prostitución es soportar un día tras día, jornada tras jornada, sucesiva y diariamente, la intromisión sobre tu corporalidad, una invasión practicada por un hombre y luego otro, otro, otro y un sinfín de hombres. No, las mujeres en prostitución no ejercitan su libertad sexual, soportan los actos de vulneración porque superviven en la prostitución. Para ellas los servicios prestados en esas condiciones no constituyen prácticas sexuales, y mucho menos deseadas.

Entonces ¿a qué libertad aluden estos liberales?, ¿a quiénes se refieren, sin mencionarlos, estos paladines de la prostitución? He aquí la cuestión, ellos hablan de sus iguales, de ellos mismos, de los usuarios de la prostitución, ellos presuponen y estiman como legítimo el derecho al uso del cuerpo de las mujeres.

Reivindican como normal y aceptable la existencia de centros de diversión y entretenimiento que se publicitan, por ejemplo como “establecimientos de mamadas”[4], y estiman como inocentes y atractivas prácticas sexuales, la oferta de servicios que insertan los diarios nacionales (francés natural, griego profundo). Ellos reivindican sus privilegios y representaciones, se sienten autorizados para reducir a las mujeres a una mera corporalidad, a una mera anatomía. Sus razones y prácticas avalan su consideración patriarcal de que la función de las mujeres no es otra que estar al servicio sexual de los hombres.

La normalización y organización de las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres que reclaman los reglamentaristas, constituye una propuesta equivalente a aceptar como legítima la violencia sexual que comporta la prostitución bajo la excusa de que el dinero transmuta la agresión en un mero intercambio comercial.

La prostitución ha existido y sigue existiendo a estas alturas porque existe un explícito consentimiento social, que autoriza la cosificación de las mujeres y que autoriza, igualmente, a los hombres a hacer uso comercial de las mujeres. Y porque existe un mercado prostitucional institucionalizado que incluye un variado abanico de sectores que obtienen beneficios, legal o ilegalmente, de la explotación sexual de mujeres y niñas.

La opción entre reglamentación y abolición no es un debate sobre opciones individuales, ni sobre supuestas elecciones, es un debate político sobre modelos sociales, sobre el sistema de organización y sobre sus valores.

La prostitución no es una práctica ajena a las relaciones de género, por ello el debate sobre la prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo sobre si es admisible o no, compatible o no, con un proyecto de sociedad igualitaria, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres.

Cuando una sociedad reglamenta la prostitución y organiza el mercado de la carne, no se limita a establecer un modelo normativo, sino un sistema de valores, y cuando se reglamenta la prostitución se opta por un mensaje inequívoco: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres.

Las políticas pro regulación o legalización lejos de favorecer a las mujeres prostituidas, representan la confirmación institucional de un modelo social que garantiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente.

Encarar el problema de la prostitución porque existe no requiere precisamente que aseguremos su pervivencia, si no que pongamos en marcha mecanismos encaminados a erosionar que subsista y se mantenga.

El compromiso con la igualdad entre sexos es una apuesta sin excepciones a la consecución de tal objetivo y una cosa es que convivan y pervivan conductas contrarias a ese derecho (como la discriminación salarial o la violencia machista en las relaciones de pareja) y otra muy distinta es que el modelo social por el que se opté institucionalice, normativice y autorice tales conductas, tal y como proponen los reglamentaristas.

Actuar contra la industria del sexo y contra el proxenetismo debe constituir una prioridad de la política criminal de nuestro país, la sanción punitiva de todos los que organizan, promueven, favorecen la captación de mujeres para su explotación sexual, merece un severo reproche penal.

Expresar la deslegitimación y desaprobación social hacia los hombres que compran cuerpos de mujeres constituye una estrategia imprescindible y resulta un modelo equivalente a las políticas puestas en marcha contra la violencia en las relaciones de pareja. Actuar sólo protegiendo a las mujeres maltratadas contra la violencia machista se ha rebelado como un modelo de intervención insuficiente, ya que tal intervención por sí misma no impide que tales conductas sigan reproduciéndose, de ahí que fuera necesario actuar contra los autores de la violencia. Idénticas estrategias son necesarias ante el fenómeno de la prostitución.

Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y crear condiciones laborales que eviten que las mujeres sin recursos se vean abocadas a formar parte de la población prostituida constituye una acción política prioritaria.

De esto hablamos las abolicionistas, de implementar medidas que conduzcan a acabar, de una vez, con las prácticas masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres.

Abogada. Portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución

NOTAS:

[1] Aplicamos este término a los lobbys económicos que debidamente organizados y con ánimo de lucro promueven, facilitan y favorecen la captación de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

[2] En la edición del pasado 22 de octubre de 2004, el semanario Alba recontaba las ganancias de la prensa escrita por la publicación de anuncios de contactos señalando que El País recaudaba anualmente unos 5 millones de euros, seguido de cerca por el Mundo, ABC y La Razón.

[3] Responsable de la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga y prevención del crimen.

[4] Una animada calle de Bangkok, donde se concentran los clubes para turistas, anuncia sus diversiones como establecimientos de mamadas.

[5] La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres fue constituida inicialmente por las Asociaciones siguientes: Alecrín y Figa de Vigo; la Asociación Villa Teresita, la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especializados de Madrid; la Asociación Clara Campoamor de Bilbao; la Asociación de Mujeres de la Noche Buscando el Día de Alicante; la Asociación Aimur de Almería, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Cataluña; la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla. Posteriormente a esta Plataforma han ido incorporándose otras organizaciones de mujeres.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48704

 

FEMINISMO Y PROSTITUCIÓN: la persistencia de una amarga disputa

Marta Lamas

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Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

 

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

 

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

 

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

 

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

 

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

 

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

 

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

 

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

 

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

 

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

 

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

 

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

 

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

 

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

 

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

 

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

 

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991, Larrauri, 2007, Ferrajoli, 1999, Zaffaroni, 2000 and Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 and Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

 

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004, Monárrez, 2007, Monárrez, 2009, Monárrez, 2011, Belausteguigoitia y Melgar, 2007, Melgar, 2011, Huacuz, 2011 and Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001, Saucedo, 2002, Castro y Casique, 2008 and Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 and Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011, Huacuz, 2011 and Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

 

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

 

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

 

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

 

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La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

  1. No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.
  2. El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.
  3. La traducción es mía.
  4. Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.
  5. Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).
  6. En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.
  7. Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).
  8. Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).
  9. Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.
  10. En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).
  11. En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).
  12. La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 and Chang, 2013).
  13. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).
  14. Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005, Weitzer, 2007, Weitzer, 2012 and Weitzer, 2014).
  15. Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.
  16. Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.
  17. Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).
  18. En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).
  19. Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).
  20. Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.
  21. Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).
  22. Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).
  23. Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.
  24. El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.
  25. Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)
  26. Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.
  27. Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).
  28. Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
  29. Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.
  30. Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.
  31. Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32.Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

  1. Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

LO LLAMAN FEMINISMO Y NO LO ES: “SOLIPSISMO SEXUAL”

Alicia Miyares

Doctora en Filosofía. Profesora de Filosofía de Enseñanza Secundaria y profesora colaboradora de la Universidad de Oviedo.

El espejismo individualista de la “libre elección” aplicado al territorio de la sexualidad deriva en lo que denominaré “solipsismo sexual”. La metafísica solipsista afirma que la única garantía de certeza es el propio yo, por lo que se convierte en irrelevante determinar qué tipo de relación es la que establece un “yo” con otros “yoes”. Si combinamos “solipsismo” y “sexualidad” sólo existe la subjetividad y la unión entre subjetividades, no está motivada por nociones compartidas de justicia sexual o social o por la consecución de la igualdad; la unión entre subjetividades nace de “afinidades voluntarias”, no importa mucho qué signifique esta expresión ya que todo ha de quedar en el reino de lo difuso: “cada cual descubre que yo soy yo, y que ser yo es mi única ley”. En este momento, hay tantos géneros como personas, o muchos más, puesto que cada persona puede evolucionar en el entendimiento de su subjetividad. En el siguiente momento, las personas podemos unirnos por afinidades voluntarias, que en materia sexual, hacen de los géneros conjuntos voluntarios y difusos”. La afirmación de que “hay tantos géneros como personas” y que la interacción entre géneros-personas es difusa, o sea poco clara, es un perfecto ejemplo de aporía solipsista. El yo subjetivo y lo difuso de las relaciones sirve, a todo efecto, para legitimar cualquier tipo de práctica sea esta justa o injusta, digna o indigna, de dominio o sumisión.

Algunos de los estudios queer, transfeministas, posfeministas, pornofeminista, etc. sobre la sexualidad, partiendo del inmutable dictum “somos lo que nos apetece” se encuadran en una metafísica de corte solipsista que “molestando, repensando y resignificando” no altera un ápice las estructuras de poder ni de dominio. La utilización del sufijo “feminista” o “feminismo” revela que el verdadero objeto del “solipsismo sexual” es molestar, repensar y resignificar el feminismo para adaptarlo al territorio de la subjetividad. Siguiendo la lógica solipsista habría “tantos feminismos como personas” y debido a esta multiplicidad deberíamos aceptar nuestra incapacidad para determinar si las relaciones entre subjetividades son justas o injustas, pues el solo hecho de que obedezcan a actos o decisiones voluntarias anula la pertinencia del análisis. Por ello el solipsismo sexual que subyace en determinados posicionamientos “queer”, “trans”, “post”, “porno” son hijos pelín transgresores, pero totalmente consentidos de la familia “neoliberal”.

El “solipsismo sexual”, al tomar como únicos referentes de acción la construcción de la subjetividad, el deseo y la identidad individual, contribuye a borrar, al igual que el neoliberalismo, toda memoria de la igualdad social.

El “queer solipsismo”, el “trans-solipsismo”, el “postsolipsismo”, el “pornosolipsismo”, al tomar como eje discursivo al microindividuo sexualizado, aboca a las personas a un plano de existencia pre-crítica y pre-política, ya que los referentes identitarios y las reglas que rigen sus comportamientos están elaboradas a partir de las demandas en cada situación. El “solipsismo sexual”, al tomar como únicos referentes de acción la construcción de la subjetividad, el deseo y la identidad individual, contribuye a borrar, al igual que el neoliberalismo, toda memoria de la igualdad social.

Nadie declara ser “solipsista sexual” (suena muy feo, tanto casi como “onanista”), pero lo son todas las personas que anteponen la “libre elección” a cualquier consideración ética y jurídica o anteponen los deseos individuales a los derechos sociales. El “solipsismo sexual” y la “libre elección” son connaturales al género explicativo propio del neoliberalismo. Sin embargo, personas afines a los postulados feministas y de izquierdas utilizan reverencialmente el recurso argumentativo de la “libre elección” para, al igual que opera la ideología neoliberal, dar respuesta a demandas y situaciones concretas sin entrar a considerar las consecuencias. A todo efecto, la “libre elección” opera en el seno del feminismo y de la izquierda como un troyano, neoliberal en este caso, que inficiona o corrompe los planteamientos feministas y de izquierdas desde dentro.

http://tribunafeminista.org/2016/12/lo-llaman-feminismo-y-no-lo-es-solipsismo-sexual/

 

¿ABOLICIONISMO O REGLAMENTARISMO? Aportes de la antropología feminista para el debate local sobre la prostitución

Deborah Daich*

* Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Antropología Social. Investigadora Asistente del CONICET. Integrante de la Colectiva de Antropólogas Feministas (CAF) del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Dirección electrónica: deborahdaich@yahoo.com.ar.

 

Introducción

En junio del año 2010 tuvo lugar un interesante Encuentro Internacional sobre Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una de las conferencias magistrales estuvo a cargo de Catherine MacKinnon, reconocida militante feminista en contra de la pornografía y la prostitución, y prestigiosa Profesora de Derecho. Su conferencia, intitulada “Trata, prostitución e inequidad en perspectiva internacional”, fue atentamente escuchada por un auditorio multitudinario. Comenzó su exposición sosteniendo que nadie defiende el tráfico ni la inequidad pero, en cambio, sí hay quienes defienden la prostitución. Habló de una serie de distinciones que suelen hacerse cuando se abordan estas temáticas: prostitución infantil versus adulta, a puertas cerradas versus en la calle, prostitución legal versus ilegal, voluntaria versus forzosa, prostitución versus trata; para concluir afirmando que dichas distinciones eran ideológicas. Para MacKinnon, no hay diferencia entre prostitución y trata, no existe la prostitución voluntaria y bajo ningún concepto puede pensarse a la prostitución como trabajo sexual, incluso sostuvo que la prostitución representa una violación serial. Para MacKinnon, así como para otras teóricas feministas como Pateman y Overall,1 la sexualidad está en la base de la desigualdad de género, y cuando piensan en sexualidad es ligándola a la construcción de la identidad y la subjetividad. Por ello, sostienen que con la prostitución no se compra un servicio sexual sino a la mujer misma; lo que se compra, sostuvo MacKinnon en la conferencia, no es un servicio sino ” you do what I say “.

En el mismo Encuentro, durante un panel sobre violencia sexual, María Luisa Maqueda Abreu, Profesora de Derecho de la Universidad de Granada, sostuvo que no debía verse a todas las mujeres en prostitución como víctimas y advirtió sobre los recaudos que debían tomarse al momento de hablar sobre trata de personas con fines de explotación sexual ya que muchas mujeres llevan adelante proyectos migratorios propios entre los que puede caber el ejercicio de la prostitución. Su postura frente a esta temática, y concretamente sus dichos en el panel, generaron el murmullo de un auditorio mayoritariamente abolicionista y que había aplaudido efusivamente, el día anterior, a una aguerrida MacKinnon. Silvia Chejter, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, compartía el mencionado panel con la española y apenas ésta terminó su exposición, pidió la palabra para prontamente alinearse con la postura de MacKinnon y sostener que no se podía hablar de libre elección por cuanto las mujeres que se prostituyen lo hacen en un contexto de vulnerabilidad social que influye en su supuesto consentimiento. Lamentablemente el formato del panel no contemplaba la posibilidad de un amplio debate y entonces no lo hubo. Seguramente Maqueda Abreu habría tenido varios argumentos para presentar ya que, para esta feminista, la afirmación “la prostitución libre no existe” es también una cuestión ideológica. Para Maqueda Abreu, es posible pensar la prostitución como trabajo sexual y, más importante aún, es necesario no invisibilizar a las trabajadoras sexuales auto-organizadas quienes reivindican su dignidad como trabajadoras y, en tanto sujetos de derechos, reclaman por condiciones laborales dignas. Pero, al finalizar el panel, lo que quedó flotando en el ambiente fue la crítica a la extensión de las relaciones prostituyentes que realizó Chejter, quien terminó su intervención con una interpelación emotiva a la audiencia presente: “¿en qué mundo queremos vivir?”

Estas dos microescenas, la elección de la figura de MacKinnon como figura principal del evento y la intervención de Silvia Chejter frente a la postura disidente, son un indicio de lo fuerte que es el abolicionismo en la arena local y de la resistencia que en ella impera respecto de la apertura del diálogo hacia otras posturas. Tal vez pueda decirse que en la batalla local por la hegemonía discursiva (en el debate acerca de la prostitución),2 posturas más cercanas a un reglamentarismo aggiornado y las que reivindican el reconocimiento del trabajo sexual, llevan las de perder. ¿Cómo puede la antropología feminista contribuir a dicho debate?

I

Respecto de la prostitución, Argentina tiene, desde el año 1936, una posición abolicionista. A fines de ese año fue sancionada la ley de profilaxis de enfermedades venéreas, dirigida a proteger la salud pública y, de acuerdo con algunos legisladores de la época, la libertad y dignidad de las personas. Con ella, la prostitución a título personal y sin autorización estatal dejó de ser delito, y se penalizó el establecimiento de locales donde se ejerza o incite la prostitución así como a quienes los regenteen. Si bien la letra de la ley sostiene que su objetivo es la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y su tratamiento sanitario en todo el país, no fueron sólo esos los objetivos pensados por los legisladores. Así, en la discusión parlamentaria la propuesta de incorporar los artículos que se refieren a la prostitución fue justificada en la necesidad de “dignificación humana, de igualdad de los sexos, de verdadero feminismo, abolición de la más ominosa de todas las esclavitudes”,3 siendo el fin último la erradicación de la “trata de blancas”. Si bien el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual no era nuevo, para los años 30 el tema estaba, con el escándalo del Zwi Migdal ,4 claramente en el candelero. La prostitución organizada se había convertido en un agobio tal -sostiene Donna Guy- que la ley de profilaxis se había promulgado “(.) con la esperanza de que las redes de rufianes y regentas desaparecieran” (Guy, 1994:166).

El modelo abolicionista, dice Mariana Pucciarello (2007), propugna que la prostitución carezca de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico de forma tal de desalentar y erradicar la actividad, está relacionado con la defensa de la dignidad de las personas, no penaliza a la persona que se prostituya pero sí a quienes lucren con su explotación sexual. Así pues, desde comienzos del siglo XX y con un criterio abolicionista, nuestro país respeta la prostitución independiente y pena la explotación de la prostitución ajena. Subsisten, sin embargo, algunas regulaciones locales, como las contravenciones o los códigos de faltas5 que, enmarcadas en el poder de policía, habilitan la discrecionalidad policial y, en la práctica, la penalización de las mujeres en prostitución.

La constante represión policial que han sufrido y sufren todavía hoy las prostitutas, la desaparición de mujeres -secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual-, y otros hechos de violencia llevaron a una serie de acciones públicas y a la confluencia, en el año 2007, de distintas organizaciones feministas en la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”.6

La Campaña Abolicionista entiende que la trata con fines de explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles, que la prostitución es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre varones y mujeres y que no puede, bajo ningún concepto, ser considerada trabajo. Herederas teóricas de MacKinnon, las integrantes de la Campaña sostienen que la prostitución es una forma de violencia de género en la que la identidad y la subjetividad de las mujeres se ven comprometidas produciendo daños físicos y psíquicos; que es una institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y en la cosificación de los cuerpos; que nunca es una elección libre (independientemente incluso de los contextos en los que tenga lugar y de la clase social a la que se pertenezca) y que, por tanto, no puede pensarse en un libre consentimiento.

La Campaña Abolicionista sostiene -como he señalado- que la prostitución no puede ser considerada trabajo y que legalizarla no protege a las mujeres que ejercen la prostitución ya que:

(.) así serían maltratadas, pero con permiso, tratadas y traficadas legalmente y enfermadas, ya que el certificado de salud no se exige a los clientes-prostituyentes. Sólo protege el negocio para los fiolos, proxenetas y redes de prostitución. Las mujeres quedan igualmente exentas de todos los derechos y más expuestas que nunca a ser detenidas si se les ocurre estar paradas en las esquinas sin la protección de las mafias. Incrementa el negocio de los “pagos” para la policía, ya que al exigir más reglas arbitrarias, la coima aumenta. (http://campanianiunavictimamas.blogspot.com/search/label/prostitución y mitos)

 

Esta colectiva organiza anualmente las Jornadas Nacionales Abolicionistas, en las que se presentan ponencias y se discute sobre la temática. Realiza acciones públicas e intervenciones callejeras, especialmente en el Día por la Abolición del Sistema Prostituyente y en el Día Internacional contra la Explotación Sexual, llevando consignas como “si la prostitución fuera trabajo, ¿se la recomendarías a tu hija?”, “por la derogación de artículos de los códigos contravencionales y de faltas que penalizan a las personas en situación de prostitución”, “la prostitución no es trabajo, es violencia”, “la prostitución y la trata son dos caras de la misma violencia”, “ni mal necesario, ni trabajo”. También ha realizado propuestas de reformas de legislación (en relación con la ley de trata y con los delitos de proxenetismo y rufianismo) y ha acompañado distintos reclamos y acciones de las organizaciones que la componen, en especial de la asociación de mujeres en situación de prostitución, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina – AMMAR-CAPITAL.7

A través de una serie de acciones públicas, jornadas y talleres, la Campaña ofrece una perspectiva abolicionista sobre la prostitución que se constituye en un discurso, a veces esencialista, poco permeable al diálogo con otras posturas.

II

Con la sanción de la ley 12.331 de profilaxis se dejó atrás el criterio reglamentarista que había regido en el país desde el año 1874. Hacia fines del siglo XIX, la reglamentación de la prostitución coincidió con el auge del higienismo y la criminología, disciplinas claves en la organización y consolidación del Estado así como en la construcción de la nación Argentina. Inmersa en su proyecto modernizador, Buenos Aires legalizó la prostitución para aislar y controlar las consecuencias sociales y médicas del comercio sexual; si no podía terminar con la prostitución, al menos esperaba controlar sus efectos perniciosos (Guy, 1994). La reglamentación permitió distinguir entre “mujeres públicas” -registradas, sometidas a un control sanitario periódico y obligadas a cumplir con ciertas pautas de vida-8 y población femenina en general, reservando y naturalizando para esta última las tareas de procreación, crianza de los hijos y cuidado del hogar (Grammático, 2000; Guy, 1994). El sistema reglamentarista, valiéndose de una serie de ordenanzas y de las arbitrariedades resultantes de los conflictos entre competencias institucionales varias, no logró controlar las enfermedades venéreas ni la prostitución clandestina -la que, por cierto, alentó.

El modelo reglamentarista, afirma Mariana Pucciarello (2007), considera a la prostitución un mal necesario que se regula para evitar efectos perniciosos como la difusión de enfermedades venéreas y los inconvenientes derivados del ejercicio de la prostitución en espacios públicos. Con este espíritu, proyectos para legalizar los prostíbulos,9 crear registros de trabajadoras sexuales, reinstalar las libretas sanitarias y las multas para quienes no estén en regla, fueron presentados, durante el año 2006, en la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estos proyectos fueron ampliamente repudiados por organizaciones tales como la Asociación de Travestis y Transexuales y las que integran la Campaña Abolicionista. Discriminatorios y confusos, inútiles desde la mirada de la salud y reproductores de la persecución y el control, los proyectos fueron desestimados.

Este tipo de proyectos, aun cuando se piensen para combatir los abusos policiales y las mafias proxenetas,10 no son favorables para las mujeres, son discriminatorios y estigmatizantes -con sus propuestas de registros y zonas rojas, y de exámenes médicos sólo para las mujeres, etc.- y no sirven para controlar enfermedades sexuales, ni libran de posibles explotaciones.

Otras posturas, que comparten con las abolicionistas y las reglamentaristas el interés por erradicar la violencia policial ejercida contra las mujeres en prostitución y la explotación de la prostitución ajena así como combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, son aquellas que consideran y reivindican la prostitución como un trabajo. Nacida como respuesta y forma de organizarse y protegerse frente a la violencia policial, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR,11 forma parte desde el año 1995 de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). AMMAR, producto de la auto-organización de mujeres en prostitución, pugna por su reconocimiento como sindicato de trabajadoras sexuales y por una ley de trabajo sexual autónomo. Es decir, las mujeres de AMMAR quieren ser reconocidas como trabajadoras sexuales autónomas de forma tal de poder acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador -por ejemplo, contar con una obra social y poder acceder a una jubilación-, consideran que la clandestinidad en la que ejercen la prostitución las sitúa en una posición desventajosa y de desprotección en términos de derechos laborales y civiles, que las expone a abusos policiales y discriminaciones sociales varias. Las mujeres de AMMAR reivindican la prostitución como un trabajo quizás no elegido pero sí consentido, una opción dentro de un abanico restringido de oportunidades. Escapando al victimismo, se organizan con voz propia buscando condiciones de vida dignas. AMMAR diferencia el trabajo sexual adulto, autónomo y con consentimiento de la explotación sexual de mujeres y niños, y distingue también el trabajo sexual de la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Con filiales en varias provincias, AMMAR realiza actividades de promoción de derechos, de prevención en materia de salud y de acceso a la educación, entre otras. Forma parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Red TraSex), la cual nuclea organizaciones de trabajadoras sexuales de distintos países y promueve sus derechos.

III

Sofy es una escort independiente que tiene su propia página Web.12  En ella describe lo que le gusta hacer, cuenta que hace publicidades gráficas y que toma clases de baile en la escuela de Julio Boca. Que ha bailado en programas de televisión como “Peor es Nada” y “Café Fashion”, que ha vivido en el exterior y modelado para distintos diseñadores. Que habla inglés y francés y en su perfil anota su fecha de cumpleaños y sus gustos: brillantes y esmeraldas, relojes Cartier y Piaget, perfumes de diseñadores, anteojos de Gucci y Armani, carteras de Louis Vuitton y de Fendi, ropa interior de Vanity Fair y Victoria Secret, entre otros. La oferta sexual es sutil, apenas una leyenda: “mi idea es darme a conocer a través de esta página, compartir momentos con ustedes y llenarnos de placer”.

Maru también es una escort independiente y tiene su propia página Web disponible en español e inglés.13  Su página ofrece fotos, wallpapers y screensavers con producciones fotográficas de estudio en las que puede vérsela con muy poca o ninguna ropa y en distintas posiciones y actitudes. Describe lo que le gusta hacer, como bailar jazz y tango o hacer yoga. Escribe que habla inglés, italiano, francés y catalán y en su perfil anota su fecha de cumpleaños y sus gustos: joyas de oro blanco con diamantes, relojes Patek Philippe y Tag Heuer, carteras de Louis Vuitton, Prada y Fendi, vestidos de Cavalli, Carolina Herrera y Armani, entre otros. Ofrece sus servicios con total discreción y aclara que acepta libras, dólares y euros.

*

Viajaba en un colectivo de línea hacia el barrio de Caballito cuando en la Plaza Miserere una mujer de unos 30 años y un hombre muy joven subieron hablando en voz muy alta y llamando la atención de todos los pasajeros. Tenían un aspecto desaliñado y, llamando aún más la atención de los presentes, se sentaron en el piso. Hablaban, se reían y hacían chistes entre ellos: “¡qué mina guacha!”, le decía él. “No, garcha” respondía ella, “soy una mina garcha, garcha con uno, garcha con otro” y ambos reían. De pronto se pusieron serios y ella dijo que había “hecho” 30 pesos y que su marido le había dicho “quedátelos”, y que eso era lo único que tenía para gastar. La conversación prosiguió y pronto se hizo evidente que la mujer había conseguido el dinero a través de la prostitución y que se dirigían a la villa del Bajo Flores a comprar drogas. Comentaron cuánto paco podrían comprar, cuánto les “pegaba” y las formas de usar la virulana como filtro (Diario de campo).

*

– Yo no reniego de esto, con esto le he dado de comer a mis hijos y los he educado, con esto los he mantenido y me mantengo sin tener que pedirle nada a nadie. Este es mi trabajo, lo que yo hago es vender un servicio, es sólo eso. No soy indigna ni soy una víctima, no le debo nada a nadie ni dependo de nadie, yo no tengo proxeneta y ¿sabés cuántas mujeres que no son prostitutas no pueden decir lo mismo? (Entrevista a una trabajadora sexual de AMMAR).

*

– El cuerpo es nuestro, la sexualidad es nuestra y nosotras hacemos lo que queremos. ¿Por qué le tengo que pedir permiso a otra para hacer de mi cuerpo. vender sexo? ¿Cuál es el problema? (.) las chicas te dicen: este es mi laburo. ¿Que me hubiese gustado tener otra oportunidad? Claro, ¿y a quién no? Y hay otras que a lo mejor prueban en otro trabajo y no quieren saber nada y vuelven al trabajo sexual. Porque vuelvo a insistir, cuando vos tenés hijos, el trabajo sexual te da la posibilidad de acomodarte ¿me entendés? Y no vas a ganar lo mismo, y te voy a dar un ejemplo. La señorita (refiriéndose a una trabajadora sexual que se encontraba en la oficina) es estudiante en ciencia política. Y tiene un niño, el niño va a un jardín privado, ella tiene que pagar dos veces por semana para que le cuiden el chico a la tarde porque tiene que ir a la universidad. Vos te crees que en un trabajo de obrera, de servicio doméstico, o en una oficina, con tres mil o cuatro mil que ella ganaría, ¿vos te crees que ella podría bancar el alquiler de su casa, la escuela privada de su hijo, la señora que lo cuida y vivir como ella vive? (Entrevista a Elena Reynaga, Secretaria General AMMAR Nacional).

*

– Estuve en el sur también, en las benditas casitas, a las que me llevaron con el cuento del tío diciéndome que estaba el glaciar Perito Moreno y que eran todos turistas y qué sé yo cuanto, ¡mentira! Son marineros de barco, es un espanto de lugar, te morís de frío, te hacen dormir en el piso y te despertabas y tenías tipos al lado que ni sabías quiénes son. Y ella te descontaba la plata del pasaje porque ella vino, me pagó el pasaje, me llevó, yo no le pedí nada y ella me cobró el pasaje, me cobró el lugar donde yo dormía que era el piso, no quería darme plata nunca. Yo estuve mucho tiempo ahí varada porque no podía volverme porque no juntaba la plata para el pasaje, estaba trabajando gratis y trabajaba noche y día yo, nunca me había metido en un lugar así. Me llevaron de engaño y bueno, hasta que un día yo me puse loca, casi le tiré la fonola al piso y le dije que le iba a romper todo y el resto de las mujeres le dijeron: dejala, dejala ir y un remisero me ayudó y ella me pagó el pasaje y me pude volver. Pero estuve muchos meses ahí y volví con neumonía, con desnutrición, volví hecha pelota (Entrevista a Mabel).

*

– Empecé a trabajar en los privados, ahí yo trabajaba de día y en los privados los aranceles son muy bajos. En los privados al cliente cuando entra le cobran desde 15, 20, 30 y no sólo yo estaba acostumbrada a cobrar 100 pesos sino que de esos 15 me llevaba la mitad. Muy fuerte ¿Pero cuál es el tema de los privados? Y ahí yo me di cuenta cómo era que funcionaban y proliferaban tanto, que en el privado no atendés un cliente por noche como yo atendía en Recoleta, en el privado atendés a 20 en un día, entonces no son 7 pesos, son 140. Me di cuenta que terminaba haciendo más plata, ojo, lo que hacía con uno en Recoleta, lo hacía con 20 en el privado pero para mí en vez de 100 pesos, eran 140 (Entrevista a Lorena).

*

Marcela tiene un trabajo de medio tiempo que complementa ofreciendo sus servicios sexuales a través de un blog personal. Su cliente me dice que “pasa por compañera de oficina”, que no aparenta ser prostituta, que tiene un buen servicio y cobra 200 pesos. También que es difícil encontrarla, que a veces trabaja y a veces no, que elige con quién ir y con quién no y por ello no está siempre disponible (Diario de campo).

Estas microescenas apuntan a ilustrar el hecho de que la prostitución no es un fenómeno unívoco, mucho menos uniforme y que su heterogeneidad se complejiza con las diversas formas que la prostitución asume no sólo en distintos contextos y mercados, sino también en términos históricos y culturales. Sin embargo, los matices y las diferencias se diluyen en el discurso abolicionista: “Prostitución y trata son las dos caras de una misma moneda”, “prostitución es violencia de género” sostienen las militantes en su comprometida lucha política por la abolición de la inequidad y la violencia de género. Ahora bien, si la conceptualización es necesaria para politizar, y las feministas claramente queremos politizar ciertas temáticas que hacen a la opresión de las mujeres, cuando estas conceptualizaciones coquetean con significados esencialistas, ¿no juega ello en contra de las mujeres y sus/nuestras luchas?

 

Creo que la antropología feminista tiene el potencial necesario para contribuir al debate local respecto de la prostitución ya que puede producir conocimiento etnográfico -de primera mano- respecto de los distintos escenarios posibles de la prostitución, privilegiando el señalamiento de las distintas formas en que las diferencias atribuidas a varones y mujeres pueden transformarse en diferencias de poder y en desigualdad. Como sugiere Bernstein (1999), la investigación etnográfica en los mercados del trabajo sexual femenino revela que la prostitución no es un fenómeno homogéneo y que la lógica de la dominación masculina puede tomar diferentes formas en distintos estratos sociales.

No es objetivo de este trabajo realizar un análisis antropológico de los mercados sexuales ni abordar el análisis exhaustivo de las microescenas referidas; se trata, más bien, de presentar posiciones en debate y proponer a la antropología feminista como herramienta privilegiada para la descripción y el conocimiento de la problemática de la prostitución. La mirada antropológica es relevante pues, a través del trabajo de campo -su sello distintivo-, ella puede producir un conocimiento de primera mano capaz de disputar las posiciones hegemónicas y poner en cuestión los discursos generalizados y generalizantes.14 Es preciso, además, adoptar la mirada de una antropología feminista cuya perspectiva de género se torna una herramienta analítica fundamental para la comprensión de la realidad social, permitiendo complejizar el tema del poder y las jerarquías entre los seres humanos, al igual que las cuestiones étnicas, de clase, de edad, sexuales y otras, con las que se intersecta y se despliega de manera inseparable. Y si algo hay de distintivo en la investigación feminista, quizás sea el hecho de que es llevada adelante -casi exclusivamente- por mujeres y para las mujeres. Es una epistemología y una metodología que rechaza de plano la separación entre lo político y lo personal, entre pensamiento y emoción, y recupera, en todo momento del proceso de investigación, las experiencias de las mujeres (Tarducci y Daich, 2011).

La prostitución es problemática per se porque bajo la pátina de una aparente definición transhistórica y transcultural reúne o condensa varios significados, porque habla de un vasto y diverso mercado del sexo en el que innumerables escenarios son posibles. Las microescenas que preceden permiten formarnos apenas una pequeña idea de la complejidad de la problemática. La prostitución refiere tan sólo a una de entre tantas actividades posibles dentro de un mercado sexual mayor que incluye, por ejemplo, la pornografía, el sexo telefónico y virtual, y el “baile exótico”, entre otras. La prostitución es un sistema donde el estigma socialmente producido funciona como una estrategia patriarcal que atenta contra la autonomía de las mujeres (Juliano, 2002) pero es también un sistema estratificado donde las distintas jerarquías sociales -clase, etnia, edad- operan de manera diferencial en la reproducción de las desigualdades.

Así, por ejemplo, el mundo de las escorts vip es en sí mismo un mundo heterogéneo y variado, que no se agota en casos como los de Sofy o Maru, ni son ellos su máxima expresión. La prostitución de lujo o “alto standing ” involucra a mujeres que, por lo general, pertenecen a las clases medias y medias altas, algunas dominan varios idiomas, otras tienen estudios terciarios y/o universitarios, y algunas pertenecen al -o han hecho incursiones en el- mundo del espectáculo. Poco abordada desde las ciencias sociales,15 este tipo de prostitución se presume independiente y libremente elegido. Se trata de mujeres que tendrían otras opciones pero que eligen la prostitución como vía de ascenso económico o por otras razones. Contando con la posibilidad de optar por otras actividades remuneradas, siendo independientes y autónomas, resulta difícil asignarles a estas mujeres el lugar de víctimas. Algo similar sucede con lo que algunos llaman prostitución ” amateur “, el caso de Marcela por ejemplo, mujeres que complementan un trabajo formal con el ejercicio independiente de la prostitución. Las abolicionistas sostienen que aún en todos estos casos no puede hablarse de libre elección, que esas mujeres también son usadas como mercancías y que la cultura patriarcal, al enseñarles que sus cuerpos están al servicio de los varones, ha condicionado -en su búsqueda del consumo de lujo- esa supuesta elección. En vez de negar la agencia y la capacidad de decidir por sí mismas de estas mujeres, es necesario repensar sociológica y antropológicamente la sexualidad y aquí la antropología feminista también puede brindar herramientas para deconstruir nuestras complejas configuraciones sociales respecto del deseo y el placer en relación con el sexo; para empezar a pensar, por ejemplo, que sexo y deseo/erotismo no tienen por qué ser lo mismo y que hasta se puede desear ser el objeto del deseo sexual del otro incluso por razones no sexuales.

Las distinciones entre prostitución infantil y adulta, entre prostitución forzada y voluntaria o entre prostitución y trata son distinciones ideológicas, sugería MacKinnon en su Conferencia en la Facultad de Derecho. Las abolicionistas locales sostienen que no hay diferencia porque en la base de la prostitución se encuentra la violencia de género, la construcción de una categoría de mujeres disponibles para la satisfacción de la sexualidad masculina -mujeres mercancías cuyo deseo y placer nunca tiene cabida. Sostienen que lo que es común a todos los casos, lo que podría unir, o atravesar, todas las microescenas precedentes y todos los escenarios posibles, es la violencia de género basada en la relación jerárquica entre varones y mujeres.

Pero si no distinguimos entre, por ejemplo, prostitución forzada y voluntaria, se invisibiliza la voz y se niega la agencia de las trabajadoras sexuales autoorganizadas, quienes consideran la prostitución como una opción consentida y cuya dignidad como personas está más ligada al hecho de que sean reconocidas como sujetos de derecho que al uso del sexo.

El sexo y la sexualidad no son degradantes ni deshumanizadores por sí mismos ni siquiera cuando hay dinero de por medio; ni siquiera si aceptáramos que el sexo -comercial o no- implica la cosificación del otro para el consumo o la satisfacción personal. Su decodificación depende siempre del marco cultural y social en el que se inscriben y en la imbricación compleja de ese marco con las diversas y diversificadas formas de experimentar subjetivamente el sexo. Pensar la sexualidad ligada al dominio masculino y la sumisión femenina, al avasallamiento y cosificación de los cuerpos femeninos por el solo deseo masculino -no como posible narrativa erótica constructora de masculinidades sino como algo dado y definitorio- y pensarla ligada a la identidad y subjetividad como base de la dignidad, son conceptualizaciones problemáticas porque no sólo pueden conllevar visiones reduccionistas de las relaciones de género sino que pueden, además, terminar avalando posturas cristianas conservadoras,16 las cuales, sabemos, nunca benefician a las mujeres.

El mundo de la prostitución incluye muchísimas mujeres que se han visto envueltas en el comercio sexual por encontrase en situaciones de extrema vulnerabilidad social y que deseando abandonar ese mundo, no encuentran las formas ni cuentan con políticas públicas capaces de asistirlas en ese pasaje. Pero también hay miles de mujeres, de los sectores sociales más empobrecidos y vulnerables, que habiendo optado por el ejercicio de la prostitución, se auto-organizaron como trabajadoras sexuales. Estas mujeres se presentan como autónomas e independientes y hablan de un trabajo consentido, lo cual no quiere decir que su actividad no involucre diversos grados y combinaciones de coerción, explotación, resistencia y agencia.17 Las mujeres de AMMAR han demostrado que no es la prostitución en sí la que afecta su dignidad personal sino la falta de reconocimiento, la negación de sus derechos, el abuso policial y la invisibilización social. Como lo expresa una de las citas precedentes, estas mujeres no se sienten indignas ni víctimas, construyen otros sentidos de la sexualidad -el sexo como servicio, por ejemplo- que merecen ser explorados.

Con todo, las abolicionistas también suelen tener razón y lamentablemente muchas veces la prostitución se torna violencia de género y violencia sexual contra las mujeres. La historia de Lorena o la de Mabel lo ilustran claramente. Explotadas sexualmente, expuestas brutalmente a la violencia y la desidia, la historia de Lorena y la de Mabel es la historia de miles de mujeres que son explotadas sexualmente en los “privados”, donde la libertad de acción suele ser limitada -“el cliente siempre tiene razón”, me contaba Lorena frente a la imposibilidad de negarse a estar con un cliente-, y más aún lo es en las “casitas del sur” donde la imposibilidad de retornar a los lugares de origen se convierte en una mezcla de explotación, sujeción y dominación. Lo mismo vale para las mujeres que se encuentran en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad y que, explotadas por sus maridos/fiolos, se prostituyen por drogas -o peor aún, residuos de drogas- altamente destructivas. Ahora bien, que las prostitutas, como colectivo marginado, estén, seguramente, más expuestas a la violencia en general y a la violencia de género en particular, no debería llevarnos a una victimización tal que quite la posibilidad de pensarlas como sujetos de acción.18

La prostitución es una problemática compleja que, a todas luces, no refiere a un fenómeno homogéneo. Como sugería párrafos más arriba, considero que la antropología feminista puede contribuir al debate local respecto del comercio sexual. Puede producir conocimiento etnográfico acerca de los distintos escenarios posibles de la prostitución, atendiendo siempre a las distintas formas que puede asumir, en dichos escenarios, la lógica patriarcal.19 La clave está en llevar adelante una epistemología y una metodología feminista que recupere la experiencia de las mujeres, que produzca conocimiento para ellas/nosotras, una investigación que, como sugiriera Harding (2002), comience por la vida de las mujeres.

Notas

 

1 Ver, por ejemplo, M ackinnon (1989), O verall (1992), Pateman (1995).

2 En este trabajo se aborda la prostitución exclusivamente ejercida por mujeres.

3 Senador Serrey, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, diciembre de 1936.

4 Zwi Migdal fue una organización de tratantes y traficantes de personas, y rufianes judíos, que operaba burdeles legales y clandestinos en todo el territorio nacional. Operó desde comienzos del siglo XX bajo el nombre de Sociedad de Varsovia -la que se encargaba, también, de algunas sinagogas y cementerios- y cambió su nombre a Zwi Migdal cuando la Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres la acusó de ser un refugio para tratantes y rufianes comprometidos en el engaño de inmigrantes ingenuas. En 1930, Raquel Liberman acusó a la Zwi Migdal de explotarla sexualmente y a partir de su denuncia -y en una coyuntura política particular- se desataron no sólo una serie de arrestos sino también un escándalo público y político así como una serie de debates legislativos (Guy, 1994).

5 Sancionan, por ejemplo, la oferta y demanda ostensible de servicios sexuales en espacios públicos, las cuales se dirigen formalmente a proteger la tranquilidad de tales espacios.

6 Conforman la Campaña: Atem “25 de noviembre”, Red No a La Trata, Seminario de Derechos Humanos con perspectiva de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niño/as (CATW-Argentina), Feministas en Acción, Mujeres del periódico El Espejo, Mujerío- programa de radio, Mujeres Libres, Taller permanente de la Mujer-Librería de Mujeres, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR CAPITAL), Mujeres de las Orillas, Des-pegar vínculos sin violencia, Fundación Agenda de las Mujeres, Las lilith – feministas de Tucumán, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Tucumán, Feministas independientes. Puede consultarse su página web: http://www.campaniaabolicionista.blogspot.com/

7 La Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos surge de un grupo de mujeres que formaron parte de AMMAR (CTA) y que, a diferencia de ellas, se identifican no como trabajadoras sexuales sino como mujeres en situación de prostitución. Puede consultarse su página Web: http://ammar-capital.blogspot.com.

8 Por ejemplo, la prohibición de mostrarse en la puerta o ventana de su casa o llevar siempre consigo el registro donde constaban los datos del prostíbulo al que estuviesen adscriptas.

9 Se trata de los proyectos presentados por el Diputado Rodrigo Herrera Bravo y el Diputado Elio Rebot.

10 En este sentido, el proyecto de Rebot planteaba como objetivo la protección de las personas en prostitución frente a la trata, las redes mafiosas y la policía.

11 Puede consultarse su página Web: http://www.ammar.org.ar.

12 http://www.sofymodel.com.ar.

13 http://www.maruescort.com.ar.

14 En esta línea, podrían mencionarse muchas investigaciones, baste aquí señalar los trabajos de Adriana Piscitelli, Elisabeth Bernstein, Dolores Juliano, Kamala Kempadoo, Laura Agustín y Lorraine, Nencel, entre tantas otras. Ver, por ejemplo: Agustín (2005); B ernstein (2007); Juliano (2005); K empadoo (2004, 2005); Lamas (2003); Nencel (2001); Piscitelli (2005, 2006).

15 Probablemente ello se deba a las dificultades de acceder a este campo específico. Personalmente he intentado, infructuosamente, comunicarme con Sofy y Maru. Tampoco he podido contactar a Marcela.

16 Basta recordar, por ejemplo, las coincidencias entre los planteos de las feministas anti-pornografía y la New Right en los EEUU de fines de los años 70. Ver Ferguson (1984).

17 Barbara Sullivan (2010) considera que la mayor parte de los trabajos pagos, incluyendo el trabajo sexual, involucran una combinación variada de coerción, explotación, agencia y resistencia.

18 Agradezco al evaluador/a del artículo haber señalado el hecho de que incluso las situaciones de violencia sexual y de género así como las de explotación merecen ser indagadas y apreciadas en su diversidad. Ello así porque es en la red de relaciones que van configurando los distintos mercados sexuales y experiencias concomitantes, donde se construyen distintas dimensiones de agencia así como significados diferenciales respecto de lo que es o puede ser la autonomía.

19 Antes que como pura relación de dominio y sujeción, pienso en la lógica patriarcal en los términos de Fraser (1993), como mecanismos estructurales impersonales que son vividos a través de formas culturales fluidas. Pensar la desigualdad de género en estos términos permite entender que es posible la convivencia de la reproducción de la subordinación -a pesar de que las mujeres actúen sin estar bajo el mando directo de varones individuales- con la creación de nuevas formas de resistencia política e impugnación cultural.

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http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96282012000100004

 

MAS:

http://www.milenta.org/datos/2351/la_prostitucion_a_debate_article_de_danie_7645.pdf

 

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