VENGATIVOS, no justicieros

Venganza y chantaje político en la Sedena

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.

Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

El autor es especialista en el estudio de las Fuerzas Armadas.

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La emboscada

Carlos Fazio
jornada.unam.mx
La agresión armada contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, sigue generando contradicciones. Como pocas veces antes, la narrativa de los mandos castrenses parece ajustarse a la verdad de los hechos: tanto el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la tercera región militar en Mazatlán, como el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, señalaron que hacia las 3:30 horas del 30 de septiembre, una ambulancia de la Cruz Roja y dos vehículos Humee del Ejército fueron emboscados en la carretera México 15 en el acceso norte a Culiacán, con saldo de cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos. Los soldados fueron agredidos con armas de gran volumen y potencia de fuego(granadas de fragmentación y fusiles Barret .50, AR-15 y AK-47), por un grupo de la delincuencia organizadaque los estaba esperando, dijo Duarte.

Más allá de la retórica adjetivada de dos profesionales de la violencia como son los divisionarios Cienfuegos y Duarte, quienes calificaron el ataque de alevoso y cobarde, propio de enfermos, insanos, bestias criminales −seguido de amenazas de retaliación o represalia que se retrotraen incluso a la ley del talión del siglo XVIII aC−, cabe consignar que la emboscada es una de las técnicas guerreras más eficaces para hostigar, aniquilar, destruir, obtener e incautar material y equipo al enemigo, y que por definición es un ataque violento, sorpresivo y engañoso breve, contra un blanco u objetivo en movimiento o detenido de manera temporal, que incluye una retirada rápida y segura sobre una ruta prestablecida.

Las bases esenciales de una emboscada son buena información, una cuidadosa planificación y la elección inteligente del lugar. Pero en el caso de marras, más que un plan detallado a partir de información previa que permitiera conocer cómo opera el enemigo y la hora en que pasaría por cierto punto o área, parece tratarse de una acción improvisada o inmediata contra un blanco de oportunidad, montada y ejecutada a partir de la intervención (o escucha) de las frecuencias de radio utilizadas por soldados de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en San Ignacio, desde que un par de horas antes incursionaron en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde tras un supuesto enfrentamiento resultó herido el presunto delincuente Julio Óscar Ortiz Vega, ataviado con ropa militar.

El aparente objetivo de la emboscada fue rescatar a Ortiz Vega, quien era trasladado en la ambulancia. En la operación, los agresores habrían utilizado algún tipo de aditamento explosivo para incendiar las dos unidades donde se transportaban los militares, dos de los cuales fueron consumidos por las llamas. Según la narrativa oficial, en la emboscada participaron alrededor de 40 sicarios que habrían utilizado unas 15 camionetas blindadas.

Una cronología de hechos elaborada por la policía ministerial de Sinaloa señala que a partir de una llamada anónima denunciandodisparos en la avenida Salvador Dalí, frente al número 3059 del fraccionamiento Espacios Bar­celona, a las 3:26:21 una operadora del Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas de Sinaloa (CERI) avisó, por radio, del incidente a las autoridades federales, estatales y municipales del estado, incluida la Sedena, que dio acuse de recibido. Doce minutos después llegó al lugar un policía ministerial y en seguida varias patrullas municipales y el coordinador de Seguridad Pública de Sinaloa, general retirado Moisés Melo. El Ejército arribó una hora después.

A juzgar por los datos descritos, la emboscada se ejecutó en un lapso breve (10 minutos) y con una precisión y fuerza militar inusuales en los grupos de la economía criminal. Dado que desde 2007 está vigente laOperación Sinaloa y en septiembre último se instaló en la entidad ungrupo especial de reacción inmediata integrado por elementos del Ejército, la Marina y de las policías Federal, estatal y municipal, no queda claro qué falló, por qué y quiénes son los responsables en la cadena de mando.

¿Cómo fue posible que a esa hora de la madrugada una concentración de 15 vehículos con al menos 40 hombres haya pasado desapercibida ante las cámaras de videovigilancia del sistema de monitoreo C-4? ¿A qué obedecieron las declaraciones y filtraciones de fuentes militares y de inteligencia a columnistas de Estado, que de manera indistinta atribuyeron la autoría del hecho a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Alfredo e Iván); a las llamadas Fuerzas Especiales, de Dámaso López Núñez,El Licenciado (integradas presuntamente por desertores del Ejército, la Marina y la Policía Federal), y al cártel Jalisco nueva generación, de Nemesio El MenchoOceguera, en una eventual alianza con Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, de los Beltrán Leyva? ¿Se trató de enturbiar el caso?

¿Pudo ejecutar la emboscada un comando militar de otro tipo? Y si fuera así, ¿con qué objetivo? ¿Para llevar la guerra no convencional, asimétrica y de contrainsurgencia por territorios y recursos al llamado Triángulo Dorado formado por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango bajo la pantalla de la guerra al crimen organizado?

¿A qué obedeció la operación de saturación e intoxicación mediática −chan­tajista y manipuladora− impulsada por el ciudadano-generalCienfuegos con el aparente aval de su comandante en jefe, el autista Enrique Peña Nieto, coreografiada en el Zócalo el 7 de octubre? ¿Fue para apaciguar el enojo castrense en momentos que se rompen pactos y cunden las deslealtades? ¿Se fracturó la hegemonía del sistema político y asistimos a un acelerado proceso de descomposición del régimen?

La agresión contra los soldados en Culiacán constituye un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes de manera pronta, objetiva e integral, y sus responsables sancionados. A 10 días del hecho no hay detenidos. Ante el fracaso de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y el desbloqueo de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿se prepara la llegada formal de soldados y contratistas de Estados Unidos?

 

Resultado de imagen para Tanhuato, Tlatlaya, Ayotzinapa, etc

 

 

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