10 años de guerra en México

Diez años de guerra en México: la sangre y la droga fluyen

 sinembargo.mx

El diciembre 11 de 2006, con el país volteando hacia otro lado –los opositores del Presidente en un grito– se lanzó una guerra que no parece haberse consultado con nadie. Ha pasado una década, recuerda el autor de este texto, y “en las calles sigue el Ejército y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada”

La-guerra-en-Mexico-700-1Un taxista es asesinado en un centro comercial de Culiacán. Foto: Rashide Frias, Cuartoscuro

 

MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA

Repentinamente, como nunca antes, las calles de muchas ciudades de nuestro país perdieron una virginidad que habían mantenido desde la Revolución de 1910: unidades del Ejército mexicano se desplazaron pero no hacia los cuarteles, no hacia alguna comunidad en desgracia por un huracán o por un terremoto. Llegaron con las armas por delante para quedarse allí, en las esquinas, en las banquetas, en donde antes había policías de punto.

No fue un cambio menor para una mayoría que estaba acostumbrada a ver militares por televisión. Con ellos, de la noche a la mañana aparecieron los chalecos antibalas, ametralladoras montadas en vehículos abiertos, policías federales esbozados. Y lo que parecía algo temporal se fue extendiendo durante meses, luego años. Los autos blindados se volvieron comunes por todo el país mientras que términos como “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado” se volvieron parte de la jerga de muchos medios, de periodistas y de la población en general.

En pocos años, a ese lenguaje ominoso le sumamos otro que nadie sabe si se acuñó en la prensa o en las calles, pero que claramente provino de una nueva realidad. “Narcofosas”, por ejemplo, que se refiere a los cementerios clandestinos diseminados por todo el territorio; “autodefensas”, que habla de los esfuerzos de los ciudadanos para defenderse de criminales que se apoderaron de territorios físicos y de las rentas de sus habitantes. La extorsión era sólo una palabra hasta ahora, cuando se volvió realidad extendida en las ciudades y en enormes manchas urbanas, como las del Estado de México que rodean la capital del país. Y entre todas las palabras que se volvieron de uso común, una estremecedora: “cocina”, y todas sus derivaciones: el verbo “cocinar” o el sujeto “cocinero”. Se refiere a la desaparición masiva de cuerpos en ácidos o quemados en tambos de 200 litros. Cuerpos de la guerra entre cárteles o simples víctimas de la violencia.

El sol se nubló para ciudades que eran sinónimo de descanso y diversión, como Acapulco, Morelia o Cuernavaca. Estados con relativa tranquilidad, como San Luis Potosí o Guanajuato, se volvieron tierra sin descanso. La vida se hizo imposible en las sociedades que ya estaban permeadas por el narco, como Ciudad Juárez, Apatzingán, Tijuana, Chihuahua, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reinosa.

La pus de la violencia que vino con la guerra se extendió por pueblos y villas, y en el amarecer de esta realidad, nombres de nuevas bandas criminales aparecieron y consolidaron su presencia casi al mismo tiempo que el Gobierno federal presumía el arresto de las cabezas los grupos de narcotraficantes.

Los decapitados de volvieron comunes, lo mismo que las cabezas en hieleras, los alcaldes y periodistas asesinados, los policías secuestrados y torturados. Poblaciones enteras entraron en sicosis, de norte a sur, mientras los poderes ocultos afinaban herramientas de control: se atrevieron a dictar, a través de redes sociales, “toques de queda”.

Y todo pasó en un abrir y cerrar de ojos.

“El Presidente no escucha”. Foto: Cuartoscuro

 

SI EL CLARÍN CON SU BÉLICO ACENTO

Ciertamente la guerra contra las drogas no es nueva ni tiene una década. La Historia se la atribuye a Richard Nixon, quien declaró los estupefacientes “enemigo público número 1” de Estados Unidos en 1971. México, territorio de producción y tránsito durante un siglo, se enroló en el último tramo del siglo XX por presiones de Washington, particularmente por las acusaciones de corrupción y omisión que vinieron de las agencias, del Ejecutivo y del Congreso.

Sin embargo, fue el Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien se puso por primera vez un traje verde olvido. En los siguientes diez años, México vería eventos terribles como consecuencia de lo anterior y no se ven indicios de que esto, que en momentos tiene sabor a guerra civil, se vaya a terminar. El crimen organizado, que nos habíamos acostumbrado a que operara en silencio, desató una contraofensiva y lanzó un reto al Estado mexicano. La espectacular declaratoria de guerra de Calderón alertó a los criminales, que operaban abiertamente y sin grandes aparatos de inteligencia por su sociedad, también conocida, con las autoridades.

Quizás México vive la más larga guerra civil del siglo XXI, desatada por lo que parece ser un error táctico. El Gobierno calculó mal, parece, a las fuerzas que enfrentaba. Calculó mal la reacción de aquellos a los que trataba de intimidar. Calculó mal porque, dicen muchos especialistas hoy, buscó un beneficio político en la guerra y no dar una respuesta a la criminalidad.

 

Históricamente, la presencia de los grupos de narcotráfico generaba cierta tensión en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Pero desde ese 11 de diciembre de 2006, el fenómeno de la violencia asociado a esas bandas criminales se fue extendiendo por casi todo el territorio nacional.

Diez años después de que Calderón iniciara esta guerra, la violencia continúa. Y mientras nos sobreponemos de una tragedia sobreviene la otra y temblamos porque en una década hay muchos muertos que no se han desenterrado. Y esto es una realidad, y no una metáfora. Hace más de tres años se reconocieron 27 mil desaparecidos y el Gobierno federal ha dejado de contar.

Madres, padres, familias enteras recorren por su pie los campos en busca de sus desaparecidos; abren la tierra con los dientes, escarban. El Estado no puede devolverles a sus hijos; el sistema de justicia, rebasado, no les da esperanza alguna. Las policías, corrompidas, no son aliento para nadie y entonces estas familias buscan un hueso, un cabello, lo que sea que les devuelva la paz. Lo que sea que les diga que los suyos están muertos y pueden al menos aspirar a la paz interior.

Diez años han pasado y los mexicanos no podemos explicarnos cómo es que llegamos hasta aquí. Diez años en los que es imposible incluso contar las tragedias. Migrantes fusilados; estudiantes a los que se los traga la tierra; niños asesinados por deudas pírricas de sus padres; jóvenes secuestradas por criminales que las utilizan como esclavas sexuales y a las que, cuando les va bien, regresan embarazadas; hombres y mujeres quemados vivos; una prisión en Piedras Negras, Coahuila, con hornos crematorios para desaparecer familias completas y decenas de miles que han abandonado sus hogares para entregarse a las manos del destino por la falta de un Gobierno que les garantice su seguridad.

Un “encobijado”, entre miles. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

 

UN SEPULCRO, PARA ELLOS, DE HONOR

Todo tiene una historia detrás. Es el caso de la guerra lanzada por el Presidente Calderón.

Desde mediados de 2006, México vivía un sobresalto político. El país estaba dividido básicamente en dos: los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, y los de Felipe Calderón Hinojosa. El primero, de izquierda, argumentaba fraude en las elecciones presidenciales y había tomado el simbólico Paseo de la Reforma, en el corazón mismo de la capital mexicana. El otro, de derecha, defendía un triunfo que, de acuerdo con las cifras oficiales, se logró con una diferencia de apenas 0.58 por ciento de los votos.

La de ese año fue una campaña ruda y desgastante. El Presidente Vicente Fox Quesada metió las manos a la elección para apoyar a su partido y a Calderón, según aceptaría más adelante, algo prohibido expresamente por las leyes electorales. López Obrador acusó robo y estaba en pie de lucha. Calderón respondió con pragmatismo a quienes cuestionaban su legitimidad: “haiga sido como haiga sido”, dijo. La frase haría historia.

En ese ambiente, con el país confrontado, Calderón entró por una puerta trasera a una Cámara de Diputados tomada por la oposición, y entre empujones y gritos de “fraude” se puso la Banda Presidencial. Fue el 1 de diciembre de 2006.

En ese ambiente de confrontación política, cuestionada su legitimidad, diez días después de la bochornosa toma de posesión, Calderón Hinojosa anunció, de la nada, el lanzamiento de la Guerra contra las Drogas.

No existe un sólo registro público de que esta guerra fuera planeada con anticipación. No estaba en los discursos de campaña. No hubo consultas a los estudiosos del fenómeno del narcotráfico o del crimen organizado. No hay información que confirme reuniones de inteligencia con las distintas partes involucradas en una acción de esa envergadura, como las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia como la DEA. No hay registro de que Calderón consultara a sus contrapartes en otros países de la región.

El 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció un operativo en Michoacán. Agentes de la Policía Federal fueron llevados a “contener” el derramamiento de sangre en la entidad, que sufría un brote de violencia. Pero aparecieron además elementos del Ejército mexicano y de la Marina Armada de México que, hasta entonces, no se habían destinado expresamente a tareas que le corresponden constitucionalmente a las Policías.

A partir de ese día, el Presidente Calderón haría varias apariciones vestido de militar. Impulsaría la carrera de su principal operador, Genaro García Luna, y su proyecto de una súper Policía Federal. También daría mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las que involucró en uno de los eventos más cuestionables de la historia reciente del país, y con mayor costo económico, político y social.

La guerra seguiría su curso a pesar de que, después de los primeros miles de muertos, decenas de líderes de opinión de todos los sectores pidieron al entonces Presidente revisar la estrategia.

“El Presidente Calderón no escucha”, dijeron muchos, incluso dentro de su partido.

Su aparente problema de sordera, sin embargo, tuvo un costo altísimo para los mexicanos que, hasta el día de hoy, siguen pagando incluso con su propia sangre.

 

Diez años sin mejoría. Foto: Cuartoscuro

AL SONORO RUGIR DEL CAÑÓN

Casi diez años después, no es complicado resumir la Guerra contra las Drogas de México como un fracaso. La inseguridad se ha extendido por todo el país, dicen los datos oficiales. El consumo avanzó no sólo con Calderón en el poder, sino también con el Presidente Enrique Peña Nieto. Crecieron las cifras de secuestros, homicidio doloso, extorsión. Creció el número de familias enlutadas y el de las llamada “víctimas colaterales”, término utilizado para los civiles que mueren en acciones armadas. Aumentaron la zonas destinadas al cultivo de amapola y en Estados Unidos, principal cliente de las drogas que se producen o pasan por México, las muertes por heroína se volvieron una epidemia en esta década.

Cuando se llega a la primera década de conflicto, con cerca de doscientos mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y cientos de miles de desplazados, las violaciones a los derechos humanos ha puesto a México en los ojos del mundo. A las Fuerzas Armadas se les acusa de ejecuciones sumarias y desaparición forzada; a las policías locales, de estar en la nómina de los grupos criminales. En casi cualquier gran tragedia, en las grandes matanzas de Veracruz a Sinaloa y de Chihuahua a Guerrero, hay al menos un cuerpo de seguridad involucrado. Es decir: la justificación para lanzar esta guerra, que era someter a los criminales y dar fortaleza al Estado, se ha desmoronado.

En las calles sigue el Ejército, diez años después, y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada. Una década después, México está peor que antes y los autores de este error llamado Guerra contra las Drogas no han sido llamados a cuentas.

Este 11 de diciembre de 2016, en la fecha marcada por la Historia por ser la primera década de guerra en México, habrá mucho que lamentar y nada qué celebrar. Los grupos de narcotráfico se ajustan –cómodos– a su nueva realidad, mientras que los ciudadanos, para no variar, pagan los platos rotos.

Como lo ofreció en campaña, Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó México de 2006 a 2012, sí logró ser el Presidente del Empleo. Pero del informal, precario y de bajo ingreso. En 2012, cuando le entregó la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, la informalidad se había convertido en la fuente principal de ocupación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró ese año que casi 14 millones de mexicanos obtenían su ingreso del ambulantaje o trabajos eventuales, 649 mil más que los 13.32 millones de connacionales que tenían trabajo formal. Pero además estaba la Guerra. Esa Guerra que no consigue concluir y cuyos cálculos alcanzan a veces los cien mil muertos, 30 mil desaparecidos y cientos de desplazados. Tocado o no por el destino, con razones de peso o sin ellas, el ex Mandatario está detrás de este presente.

Foto: Cuartoscuro

SEGUNDA PARTE 

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Fue el Presidente del empleo; pero del informal y precario. Además, fue el autor de una guerra. Los números –que ahora pueden recolectarse y compararse- arrojan la estampa: en 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión había una Población Económicamente Activa (PEA) de 44.4 millones y México era un país con un millón 600 mil 891 desempleados. Cuando concluyó su Gobierno en 2012, la PEA alcanzó apenas los 50.9 millones y dos millones 468 mil 62 mexicanos padecían las amarguras del desempleo.

 

Pero además, en ese fin de sexenio, la informalidad se convirtió en la fuente principal de ocupación en México. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró ese año que casi 14 millones de mexicanos obtenían su ingreso del ambulantaje o trabajos eventuales, 649 mil más que los 13.32 millones de connacionales que tenían trabajo formal.

No se trata de un pasado que pueda sepultarse. En el presente, hay dos millones más de pobres que en 2012, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial, encuentra un vínculo directo con el viraje que dio México de la formalidad hacia la informalidad con ese número creciente de pobres.

También los muertos se amontonaron. A la hora de la asunción del poder de Calderón Hinojosa, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 para la misma proporción en 1992, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Cuatro años después –en 2011- ocurrieron 27 mil decesos. El año anterior habían sucedido 25 mil. De repente, los números se revolvieron y desde el Gobierno dejaron de publicarse los conteos. Y entonces, lo que importó fue la forma, la forma de la muerte. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños aparecieron en casas, carreteras o centros comerciales. A veces estaban colgados, decapitados, desnudos, desmembrados o amoratados.

Un abultado expediente documentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, así como la brutal forma en que habían encontrado la hora última.

Felipe Calderón Hinojosa llegó al poder sin el voto de la mitad del electorado. “Espurio” lo llamó desde ese momento, Andrés Manuel López Obrador, quien con el abanderamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue su más cercano contendiente en los comicios presidenciales de 2006. Así, al filo de la desconfianza, con el desconcierto sobre sus espaldas, el Mandatario debió elegir su impronta.

En esa hora de decisiones, lejos, muy lejos, quedaron sus palabras de candidato, cuando grabó un anuncio especial en el que usaba el tema del empleo como un último y directo ataque en contra de Andrés Manuel López Obrador. Decía: “Amigas y amigos, les he propuesto cómo generar empleos para que vivamos mejor. Cómo atraer la inversión para que haya trabajo bien pagado para todos, para los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. Empleos en el campo, en más industrias, en el comercio, en más viviendas y en el turismo, que será mi prioridad. El PRD propone endeudar a México como ya lo hizo en el Distrito Federal y como lo hicieron gobiernos que nos llevaron a las peores crisis económicas. Hoy, tú vas a decidir entre el empleo y la estabilidad que yo te garantizo o la deuda y la crisis que propone el PRD. Soy padre de tres hijos y lucho por construir para ellos y para los tuyos un México mejor, un México justo, un México ganador, seguro y limpio donde puedan vivir en paz y ser felices. Este 2 de julio, a la hora de votar, piensa en tus hijos”.

Y así fue. Se convirtió en el Presidente del empleo. Pero del informal. Y también en el de la guerra.

Que la legitimidad le importaba a Felipe Calderón Hinojosa está claro en el gasto de 141.6 millones de pesos que hizo en encuestas en sus primeros dos años de Gobierno. Según los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 1 de diciembre de 2006 mandó preguntar a la población: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México? Las respuestas le susurraron: “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”.

 

Pero, en los hechos, no había elementos suficientes para irse por el camino bélico. Cierto que en 2006, Michoacán –la tierra del flamante Mandatario– era la escena de una disputa. El cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana. Cuando tomó posesión, Calderón recibió un informe: Jetzabel Abarca Parra, de 27 años, había sido asesinada a balazos en el municipio de Coalcomán, y dos personas más habían sido ejecutadas a balazos en los municipios de Aguililla y Cotija.

Crueldad, misterio y muerte en Michoacán. Todo era cierto.

Pero si se revisan las cifras del Inegi, retomadas por Fernando Escalante Gonzalbo en su artículo “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso” en la revista Nexos, la tasa nacional de homicidios había bajado ese año a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en 1992. En realidad, no había un despunte de inseguridad a nivel nacional.

2009-2010: LA ÉPOCA DE LAS PÉRDIDAS

Habían transcurrido tres años de Gobierno y el mundo había colapsado por una crisis financiera. La fatídica historia se había iniciado el 15 de septiembre de 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. A partir de ese momento, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se deshizo y luego –por una u otra razón– siguió el resto de economías desarrolladas.

La Secretaría de Hacienda declaró recesión económica con una prospectiva de crecimiento económico negativo diferente al planteado al principio del Gobierno de un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres por ciento. A partir de ese momento, las proyecciones gubernamentales sufrieron repetidas correcciones que llegaron a plantear una contracción de 4.1 por ciento, la más grande desde la crisis de 1995.

Pese a ello, en medio de la crisis se acumularon frases que por su optimismo resultaron simbólicas. El entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, indicó el 2 de febrero de ese año que a México no le daría una pulmonía como en el pasado, si acaso, apenas un catarrito.

El entonces Jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón y las autoridades económicas anunciaron un programa de medidas para enfrentar la situación. Entre ellas destacó la ampliación del gasto de infraestructura, el cambio de reglas del ejercicio de ese gasto, la construcción de una nueva refinería para Petróleos Mexicanos (Pemex), el impulso de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas empresas, y la desregulación y la desgravación arancelaria. El empleo no repuntó. Por el contrario: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo encontró que 2.5 millones de mexicanos habían perdido su empleo con una tasa que se ubicó en 4.5 porcentuales.

En cambio, ese año, hubo algo espectacular.

Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” estaba en una fiesta con el Rey del Acordeón, Ramón Ayala, y con Los Cadetes de Linares, en Morelos. Ahí llegaron los elementos de la Secretaría de la Marina. Intentaron capturarlo, pero se les fue. Con los días, lo persiguieron, a él y a sus huestes. En Cuernavaca, dieron con él, y lo mataron frente a cámaras de televisión. Cayó en una recámara llena de muñecas, como princesas. El Gobierno presumió la hazaña y demostró que más que nunca, estaba concentrado en la política en contra del crimen organizado.

A decir de José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, en esta parte del sexenio se perdió la oportunidad para generar empleo.

“Se subestimó el efecto de la crisis de Estados Unidos. En el discurso se habló del famoso catarrito y que estábamos blindados. Fue el primer evento económico que acabó marcando el sexenio. Nos fuimos a recesión en 2009 y no hubo plan b en materia económica ni de empleo. Los programas que se empezaron a proyectar en los primeros años de Gobierno de primer empleo para los jóvenes naufragaron”, explica.

Los desempleados surgieron por aquí y por allá. En octubre, decenas de soldados disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Mediante un decreto, el Presidente había requisado la paraestatal con el argumento de que era “un lastre”. Más de 44 mil trabajadores agremiados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) perdieron su puesto laboral y se lanzaron a las calles a protestar.

14 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro iniciaron una huelga de hambre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el 25 de abril de 2010. Pasaron tres meses y una noche, el dirigente sindical Martín Esparza alcanzó un acuerdo con el Gobierno federal en una reunión que se prolongó ocho horas. Con los años, vinieron reclamos prolongados y suspendidos.

En febrero de este año, Esparza anunció que el SME consiguió, en asociación con la empresa portuguesa Mota-Engil y con el apoyo del Gobierno, un nuevo contrato colectivo para operar 14 plantas eléctricas, cuatro central de ciclo combinado y la recuperación de una parte de la materia de trabajo en la operación de un paquete de mil 700 megawatts.

Así pasó 2010.

Y otro evento puso en los brazos del fantasma del desempleo a miles de trabajadores. El vuelo 886 de Mexicana de Aviación que partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 14:15 horas con destino a Toronto el 28 de agosto de 2010, fue el último en la operación de la aerolínea que cayó en concurso mercantil.

Después de 43 meses, la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Edith Alarcón, eliminó la posibilidad de que la aerolínea y sus filiales volvieran a volar.

Ocho mil 500 trabajadores desde trabajadores de mantenimiento, administrativos, sobrecargos y pilotos aviadores Cada uno protestó a su manera. Algunos llenaron algunos espacios del Aeropuerto con casas de campaña y pancartas. Un grupo de sobrecargos hizo un calendario. Los más, probaron por completo la amargura del desempleo.

En sentido contrario a la que alguna vez fue su pretensión principal, de ser Presidente del Empleo, en 2009, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM) interpuso ante la Organización Internacional del Trabajo, una queja contra la política laboral de México por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.

Luego, el 8 de abril de 2010, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex y el SE), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Ahí, acusaron violación sistemática de los derechos laborales en México.

LA REFORMA LABORAL

Lozano aseguró que la CNDH no revisará la denuncia por los presos políticos como demanda López Obrador. Foto: Cuartoscuro.

Acorde con el perfil que promovió en campaña, como opción para encontrar la legitimidad, Felipe Calderón también tenía en la baraja a la reforma laboral y energética. El politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Toussaint, reconstruye que asesores como Germán Martínez Cázares y César Nava se empeñaron en aconsejar una estrategia armada en lugar de las enmiendas constitucionales.

De hecho, Calderón –quien se había anunciado como el Presidente del Empleo– esperó al tramo final de su Gobierno para enviar la iniciativa de la reforma laboral. El sábado 1 de septiembre de 2012, el expresidente mandó el documento con carácter de “preferente” para que a más tardar el 1 de octubre de ese año fuera votada en el pleno. Las enmiendas propuestas por Felipe Calderón se abrían a la “flexibilización del mercado laboral”, en dos vertientes: nuevas modalidades de contratación y la facilitación de la conclusión de la relación laboral.

El otro tema era los sindicatos. La iniciativa atacaba la anquilosada estructura del PRI. Proponía que las directivas gremiales fueran electas mediante el voto libre, directo y secreto, y no a mano alzada. Para Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ni la Reforma Laboral ni la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2015) lograron superar el escollo de falta de rendición de cuentas de los gremios mexicanos.

El impulso de la reforma laboral estuvo a cargo de Javier Lozano Alarcón Alarcón, el hombre-alfil de Felipe Calderón. De 2006 a 2012, la voz del entonces Secretario del Trabajo jamás varió en la defensa de la modificación de Ley Federal del Trabajo. Que era necesaria para incrementar la productividad. Que quienes se le oponían eran “cobardes, brutales, egoístas y miopes”. Era una campaña personal, diaria, por todos los medios: prensa, redes sociales, foros. Una obsesión al grado que esa ley hoy es conocida como Ley Lozano y no Ley Calderón.

A cuatro años de aquel impulso legal, Alfonso Bouzas, especialista en política laboral, hace una evaluación: “La deficiencia más importante de la Reforma Laboral es que no cambió nada. Ni para bien ni para mal. Lo único que cambió es la facilidad de correr a los trabajadores. Y lo más grave también es que dio paso a que se legalizara la tercerización que ya se practicaba desde la firma del Tratado de Libre Comercio, sin ser legal”.

Javier Lozano Alarcón, en su calidad de Secretario del Trabajo, asistió en 2011 a un encuentro con el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (Cedsip) de Aguascalientes y dijo lo siguiente: “Mienten cobardemente quienes dicen que estamos esclavizando el trabajo, que estamos yendo contra los derechos de los trabajadores. Eso es parte del procedimiento de una minoría que se autodenomina representante del movimiento obrero, de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, cuando lo único que buscan son posiciones”. Luego, a quienes se oponían, no dejó de llamarlos “cobardes, brutales, egoístas y miopes”.

Según él, las bondades de la reforma se desgranaban y la principal era el aumento de productividad. Apenas se aprobó, exclamó que se había dado un paso adelante.

En sentido contrario al discurso triunfal, llegó la crítica. En su XVI Informe de Violaciones a los Derechos Laborales 2012, el Cereal definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.

LA GUERRA DE CALDERÓN                        

La llamada "guerra contra el narcotráfico", emprendida por el entonces Presidente Felipe Calderón es reconocida como un "total fracaso". Foto: Cuartoscuro

Tocado o no por el destino, con razones de peso o sin ellas, detrás de la guerra en contra del crimen organizado hubo un hombre: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Los porqués para lanzar la ofensiva más cruenta de la historia moderna se hallan en su circunstancia política, pero también en su biografía y personalidad. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué no el empleo? Alfonso Bouzas de la UNAM, responde: Porque jamás se lo propuso, porque en las condiciones económicas que se condujo al país evidentemente no podía ser el Presidente del empleo”.

A sólo 10 días de haber asumido la primera magistratura, Felipe Calderón envió al Ejército a Michoacán, Sinaloa y Veracruz. En palabras del entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el objetivo era abatir el poder del crimen organizado; sobre todo, del narcotráfico. Ese mismo día, el Secretario de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, anunció un cambio en el perfil de los policías federales.

Conforme a la estrategia, se debilitaría el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Así que se atacaría al tráfico de armas, se abatiría al circulante y se tomarían las carreteras. Se empezaría por el negocio principal: la cocaína. La consideración: aunque su ciclo de retorno era más largo, su valor subía casi 56 veces en su recorrido de Colombia a las calles de Estados Unidos, principal mercado.

No ocurrió eso. No, hasta el momento. Los expertos en Seguridad de la Universidad Iberoamericana (UIA), Pablo Monzalvo y Eruviel Tirado, ya no observan una batalla; sino tres: familias del narco por territorios y mercados de distribución de la cocaína, la Policía Federal en contra del narcotráfico y el Ejército tras criminales. En las tres, se cometen errores que implican confusión sobre quién es el enemigo.

En seis años de Gobierno de Felipe Calderón, el presupuesto para Seguridad se incrementó en 76 mil 711 millones 874 mil 763 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hay casi dos millones de mexicanos sumados a la pobreza según la medición del Coneval por ingreso. Millones salen a trabajar a empleos informales o precarios, de esos que no tienen ninguna condición social.

10 personajes de la guerra: Una estrategia que cosecha muerte

La estrategia de la guerra contra el narcotráfico fue lanzada en diciembre de 2006, con la participación de las fuerzas armadas del país como principales protagonistas. Desde entonces, y pese a los reclamos por los miles de muertos, desaparecidos y desplazados, la política de seguridad no ha cambiado y los resultados son escasos. Las causas que generan el narcotráfico como la desigualdad y la pobreza permanecen, pero eso es justo lo que no ha cambiado en la estrategia en la que han metido mano al menos 10 personajes. ¿Quiénes son los que llevaron a México a esta guerra que no rinde frutos?

La violencia generada por los enfrentamientos contra el narcotráfico han marcado la agenda de seguridad pública del país en los últimos 15 años. Foto: Christian Serna, Cuartoscuro

TERCERA PARTE 

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Vecino del mayor consumidor de estupefacientes del mundo, México ha sufrido las consecuencias de ser productor y distribuidor de drogas. Los enfrentamientos contra estos grupos criminales han dejado más de 70 mil muertos, aunque otras fuentes, como Leon Panetta, Secretario de la Defensa de los Estados Unidos, han asegurado que el número asciende a 150 mil.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) detalló en el 2013 que el 90 por ciento de la cocaína que se traficaba hacia los Estados Unidos pasaba por México.

Los protagonistas no sólo son los criminales o capos del narcotráfico. En 10 años también lo son los altos funcionarios que decidieron lanzar la guerra y luego, aun cuando las cifras mostraban la derrota, reforzaron una estrategia que de acuerdo con diversos especialistas es fallida. Desde Vicente Fox Quesada hasta Enrique Peña Nieto, cada Presidente ha prometido acabar con el problema de la violencia, pero ésta no termina.

Y los costos también son materiales: la Encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (Envipe) expuso que en el 2014 la violencia le costó a México 227 mil millones de pesos. Por su parte, el Banco Mundial refrenda que la inseguridad le cuesta al México el 12 por ciento del PIB.

La corrupción ha carcomido al Estado sostienen otras investigaciones, y el narcotráfico se aprovecha de eso.

“La existencia de un sistema de procuración de justicia y de cuerpos policiales colapsados y corruptos son factores que han favorecido la diversificación de la cartera de actividad criminal de los carteles de las drogas”, cita un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

Entonces, ¿quiénes son los personajes que definieron la guerra contra las drogas?

VICENTE FOX QUESADA

Vicente Fox Quesada inició los esfuerzos de confrontación contra el narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

El ex Presidente Vicente Fox Quesada ha criticado en diferentes oportunidades el combate al narcotráfico que ha sostenido México. En marzo de este año calificó de inútil ante diversos medios de comunicación la guerra contra las drogas, y la participación del Ejército para combatir al crimen, durante un evento realizado en Monterrey.

Sin embargo, el gobierno del político del Partido Acción Nacional heredó un problema de inseguridad relacionado con la creciente aparición de cárteles como los Zetas y la Familia Michoacana. Y al principio de su mandato convocó la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que, según dijo, logró detener a más de un millar de presuntos delincuentes.

Fox anunció la “madre de todas las batallas”, que terminaría concretando su sucesor en el cargo, Felipe Calderón Hinojosa: la guerra contra el narcotráfico. La gestión foxista estuvo caracterizada por problemas para asegurar criminales. El 19 de enero del 2001, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, se fugó de una prisión de máxima seguridad en los primeros 50 días de su mandato. Y no pudo ser recapturado sino hasta 13 años después.

En enero del 2007 la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados apuntó que en el sexenio de Fox hubo al menos 9 mil muertes relacionadas con el narcotráfico, reportó el diario El Universal. Del total de decesos, la mitad sucedió en Michoacán, y Sinaloa, junto con Tamaulipas, sumaron el 30 por ciento del total.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

 El ex presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa ha dicho que no había otra opción más que enfrentar al crimen. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

El 8 de diciembre del 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. La Secretaría de la Defensa detalló que 4 mil 260 elementos del Ejército salieron a las calles, y se pusieron a disposición 46 aeronaves y 246 vehículos.

En ese momento más de 500 asesinatos habían ocurrido en menos de un año en Michoacán y el Gobierno decidió desplegar más de 5 mil elementos a la entidad, bajo la Operación Conjunta Michoacán, que pretendió disminuir los delitos en 16 regiones del estado consideradas como de alta incidencia.

Sin embargo, la estrategia no trajo la paz al país. Al menos 60 mil muertos dejó la guerra contra el narcotráfico de este sexenio, apuntaron medios independientes como el Semanario Zeta, así periódicos del extranjero.

“Batallones de soldados mal entrenados a las calles para luchar contra poderosas organizaciones criminales, deja esta semana el campo de batalla después de seis años, con un saldo de al menos 60 mil muertos por la violencia del narcotráfico y con su guerra esencialmente en un punto muerto”, expuso The Washington Post, el 28 de noviembre del 2012.

Ese mismo año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estimó en un estudio, titulado “Diez años de panismo. Resultados”, que la lucha contra el crimen organizado emprendida por Calderón costó 467 mil millones de pesos.

GENARO GARCÍA LUNA

Genaro Garcia Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

El ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa contó con el mayor presupuesto asignado a esa dependencia cuando aún existía, un monto de 184 mil millones de pesos. La asignación, sumada a los malos resultados de seguridad, le valió numerosas críticas de la oposición.

A García Luna se le atribuye el desarrollo de políticas de la guerra contra el narco calderonista, donde además de 60 mil muertos, hubo 27 mil desaparecidos. Varias de las acciones de García Luna fueron catalogadas por la prensa de ser meras pantomimas derivadas de su estrecha relación con televisoras. Destaca el caso de la francesa Florence Cassez, detenida por secuestro en el 2005. Un acto que después sería anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al develarse que el entonces Secretario simuló la captura frente a las cámaras. En enero del 2015 un Juez rechazó a Cassez una demanda por daños morales sufridos durante su estancia de ocho años en prisión.

García Luna fue catalogado por la revista Forbes como uno de los diez mexicanos más corruptos, en diciembre del 2016. Con el fin del sexenio de Calderón, el ex Secretario se mudó a una lujosa residencia de Miami, Florida. Forbes expuso sobre la gestión de García que se caracterizó por un exceso de gasto para la auto-promoción”.

Más tarde, una investigación periodística de Reporte Índigo reveló que el ex funcionario se había hecho consultor inmobiliario, relacionado con la familia Weinberg, otros empresarios de servicios de seguridad.

GENERAL GUILLERMO GALVÁN

Guillermo Galván, ex secretario de la Defensa Nacional, justificó siempre la presencia de las tropas en las calles. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Guillermo Galván Galván promovió la guerra contra el narcotráfico hasta el final del sexenio de Calderón. Durante la conmemoración de la Marcha de la Lealtad en el 2012 aseveró que México se encontraba seriamente amenazado por el narcotráfico, un discurso que justificó la participación del Ejército en la lucha contra el crimen, opinan algunos.

La ineficacia del Ejército desembocó en graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acumuló un total de 9 mil 228 quejas del Ejército, y 142 recomendaciones.

Galván estuvo cerca de ser vinculado a actividades ilegales. Un escándalo se destapó después de que se supiera que un General, de nombre Juan Manuel Barragán Espinosa, se ofreciera para ser intermediario entre el crimen organizado y Galván.

De acuerdo con una indagatoria de la Procuraduría General de la República, de número PGR/SIEDO/UEITA/004/2012, iniciada tras una denuncia anónima al Ejército. El cártel de Sinaloa pretendió la protección del Secretario a cambio de 140 millones de dólares.

EDUARDO MEDINA MORA

Eduardo Medina Mora, ex Procurador General de la República tuvo un paso de controversias. Foto: Enrique Ordoñez, Cuartoscuro

El Procurador General de la República durante la primera mitad del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseveró a 18 meses de su gestión que el Gobierno sería el vencedor en la lucha contra las drogas.

“Aunque no lo parezca, vamos ganando todos los mexicanos y vamos a ganar”, dijo en entrevista a Televisa. “Hemos ido acotando el poder de las organizaciones, quitándoles poder de fuego”, agregó.

Sin embargo, su gestión no abonó a la erradicación del crimen organizado, de acuerdo con el informe de Wikileaks, cuyas conclusiones detallaron que la rivalidad entre Medina Mora y Genero García Luna, impidió un combate al narcotráfico efectivo.

Durante la gestión de Medina Mora sucedió la tarjeta de la Guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida. El caso no recibió sentencias hasta en mayo de 2014 en contra de 19 servidores públicos. En el primer año del Gobierno de Calderón La PGR sumó la segunda mayor cantidad de quejas en la CNDH, 671.

En el 2011 se dio a conocer un informe elaborado por el Gobierno de los Estados Unidos en el que resalta que Medina estaba enterado de las operaciones de tráfico de armas hacia México que las autoridades del vecino país realizaban para detectar criminales. Sin embargo, señala el informe el ex Procurador no cooperó lo suficiente.

MARGARITA ZAVALA

Margarita Zavala escudó a su esposo ante los señalamientos de equivocarse en cuanto a su estrategia antidrogas. Foto: Cuartoscuro

Ahora, aspirante presidencial, la ex Primera Dama Margarita Zavala no sólo afirmó sus intenciones de correr por la presidencia en el 2018, también reconoció en enero de este año que el crimen organizado se infiltró en los partidos políticos “desde hace tiempo”.

Junto a su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, Zavala desempeñó diversas tareas públicas y en eventos públicos representó la cara amable del Gobierno panista al ser ella quien se reunía con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

Sin embargo, Zavala no ha reconocido, como sí otros panistas, que la guerra contra el narcotráfico fue un error. “Los Gobiernos, en todos los niveles, tenemos que actuar al ritmo de la urgencia que se necesita y ver un poquito más allá que la propia elección inmediata, ver hacia adelante”, dijo a EFE el año pasado.

Cuestionada de si se debieron haber depurado las fuerzas armadas antes de sacarlos a las calles, Zavala contestó que la urgencia del país para actuar fue mayor a la velocidad que hubiera conllevado un proceso así. “Lo que no puede decir un Gobierno es ‘no respondí porque no supe, no quise o me dio miedo”, dijo.

Sin embargo, su posible candidatura acarrea el recuerdo de ese Gobierno que dejó miles de muertos. En el 2012, Leon Panetta, Secretario de la Defensa de los Estados Unidos afirmó que autoridades mexicanas endilgaron la muerte de 150 mil personas a la lucha contra los cárteles.

ENRIQUE PEÑA NIETO

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, protagonizó episodios como la fuga de "El Chapo". Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

En los últimos tres años han muerto en México 58 mil 523 personas asesinadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Organizaciones civiles como Semáforo Delictivo han expresado que al menos seis de cada diez son relacionadas con el narcotráfico.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su intento por reducir el número de víctimas, y críticos han apuntado que el cambio ha sido meramente en el discurso del mandatario.

El 19 de abril el Presidente mexicano anunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un decálogo sobre la lucha antidrogas. Ahí Peña abogó por el uso medicinal de la mariguana, el aumento en el gramaje de portación de cinco a 28 gramos. Propuestas que quedaron detenidas en el Senado.

El 11 de julio del 2015 el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán volvió a fugarse de un penal de máxima seguridad. No fue sino hasta seis meses después que se logró su recaptura. Y el aumento de casos de averiguaciones por el tráfico de drogas aumentó en un 48 por ciento.

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Diversos cárteles han aparecido durante el presente Gobierno. En la foto el Secretario Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

El Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto reconoció que la llamada guerra contra el narcotráfico partió de un diagnóstico equivocado. Sin embargo, centros académicos como el Instituto Baker en Texas han asegurado que la política del actual Presidente sólo fue una continuación “maquillada” de la anterior. Esta administración ha promovido la fuerza contra las drogas. Este Gobierno asevera haber capturado a 94 de 122 líderes del narcotráfico.

Años atrás, Miguel Ángel Osorio Chong enfrentó diversas acusaciones en el 2005. La Procuraduría General de la República (PGR) lo investigó por su presunta protección a Los Zetas; posteriormente se dijo que él y sus hermanos realizaron millonarias transferencias a Panamá a través del banco HSBC.

De acuerdo con una entrevista ofrecida por el funcionario en enero a La Jornada, el narcotráfico está desdibujado en México. Y se jactó de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, cárteles como Los Rojos y el Cartel Jalisco Nueva Generación han ganado terreno por operaciones ilícitas que se han diversificado, como la extorsión y el secuestro. En Michoacán han aparecido narcomantas de nuevas células delictivas que e hacen nombrar La Nueva Familia, Los Justicieros y Los Blancos de Troya.

SALVADOR CIENFUEGOS

El General Salvador Cienfuegos ha protegido a sus soldados de que rindan declaración en el caso de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

En octubre del año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, sugirió a México sacar al Ejército de las calles.

Y pese a que el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienguegos Zepeda, ha dicho que preferiría que los soldados regresen a los cuarteles, él no ve a otro cuerpo de seguridad cumpliendo con la labor que realizan para combatir al narcotráfico.

Los soldados también han sido señalados de cometer tortura. En abril pasado, Cienfuegos Zepeda se vio forzado a pedir perdón por los malos tratos que recibió una mujer a manos de dos militares en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El video que se hizo público correspondía a febrero del 2015.

En cuanto a las drogas, el Secretario también ha confesado que su institución no ha estado capacitada desde el principio.

“Hemos cometido errores, uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca”, dijo en marzo al diario El Pulso de San Luis Potosí.

Al General Cienfuegos se le han complicado los casos de Derechos Humanos. Uno de los más emblemáticos es Ayotzinapa, un ataque a estudiantes perpetrado por miembros del crimen organizado, de acuerdo con la versión oficial de la PGR, pero donde también participaron policías. Cienfuegos no permitió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que los soldados del Batallón 27 declararan sobre lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, aunque hay registros y evidencia de que, por lo menos, estuvieron todo el tiempo informados de la cacería contra los jóvenes normalistas y no hicieron nada por restablecer el orden.

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