Crece Crimen de Fuerzas oficiales contra ciudadanos

10 CLAVES | Alza de crímenes de fuerzas del Estado contra los ciudadanos en México

Por: Redacción / Sinembargo – octubre 25 de 2014

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En los últimos ocho años, desde que en el país empezaron a dispararse las estadísticas de homicidios, el discurso gubernamental ha insistido en que éstos son producto de una disputa entre diferentes grupos del narcotráfico y en que las víctimas eran parte de este negocio.

Los asesinatos registrados en los municipios de Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, en Guerrero, sin embargo, revelan un patrón en los hechos de violencia que muestra que no son los “cárteles”, sino las fuerzas armadas de diversas entidades de gobierno, las que aparecen detrás de varios crímenes cometidos contra la población civil.

Y así como en Tlatlaya, donde los principales sospechosos de 15 homicidios son elementos del Ejército Mexicano, o en Iguala, Guerrero, donde policías municipales habrían secuestrado a 43 estudiantes, en la historia reciente del país existen decenas de ejemplos más que ilustran el grado de criminalidad con el que operan las diferentes instituciones del sistema político mexicano: Marinos desapareciendo civiles en Tamaulipas, soldados disparando contra estudiantes en Monterrey, policías federales acusando a sus mandos de tener vínculos con los delincuentes, o servidores públicos identificados como la principal fuente de amenaza contra los periodistas…

El hecho de que sean instituciones de gobierno las que aparezcan como principales sospechosas en crímenes de alto impacto -como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala- ha detonado la peor ola de críticas internacionales que ha enfrentado el Presidente Enrique Peña Nieto en sus dos años de administración.

La mayoría de los cuestionamientos, como hicieron The New York Times, Financial Times o The Economist, compararon la barbarie de Iguala con la narrativa presidencial que trataba de mostrar a México como un país de modernas reformas económicas.

Pero detrás de este discurso, advirtieron los cuestionamientos, está un país en el que la mayoría de los crímenes permanecen sin castigo y un sistema político, como advirtió The Economist, en el que “el poder significa privilegios, y por privilegios se entiende literalmente salirse con la suya después de cometer un homicidio”.

EL RECUENTO:

4 Abril 2010. Militares asesinan a dos niños

El 4 de abril de 2010, en Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abrieron fuego y lanzaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban integrantes de dos familias, asesinando a los menores Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años, respectivamente.

De acuerdo con reportes de prensa, las familias omitieron detenerse ante un retén militar, donde reportan que no se les indicó alto alguno, luego de lo cual empezaron a ser blanco de los disparos. “De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños”, relató una de las víctimas”.

7 Agosto 2010. Supuestos pactos con el crimen

El sábado 7 de agosto de 2010, más de 300 elementos de la Policía Federal desplegados en Ciudad Juárez, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, se amotinaron en el exterior del hotel en el que se hospedaban y se negaron a trabajar durante 13 horas en protesta por la detención de un compañero y en demanda de la destitución de dos mandos, a quienes acusaron de sembrar drogas y armas a civiles inocentes que después eran presentados como integrantes de la delincuencia organizada.

Acusaron al comandante Salomón Alarcón de tener nexos con la delincuencia organizada y de obligarlos a cometer una serie de actos de corrupción y abusos de autoridad.

 

26 Marzo 2011. Municipales de élite que plagian y asesinan

La tarde del 26 de marzo de 2011, elementos del Grupo Delta de la Policía Municipal de Ciudad Juárez detuvieron a cuatro jóvenes -Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22- cuyo paradero se desconoció durante más de dos semanas, hasta que fueron encontrados asesinados y semienterrados en una brecha de la periferia de aquella frontera.

A la fecha, tres elementos de la citada corporación están siendo procesados por actos de desaparición forzada.

2 Junio 2011 — 5 Junio 2011. Marinos secuestradores

Entre los días 2 y 5 de junio de 2011, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis personas fueron detenidas sin orden judicial por parte de elementos de la Secretaría de la Marina, sin que a la fecha se conozca su paradero.

De acuerdo con testigos, los seis fueron detenidos durante cateos ilegales de la Marina que tuvieron las mismas características: elementos armados y vestidos con uniformes verdes y beige camuflados en los que se leía Marina, chalecos antibalas y pasamontañas; ingresaron en domicilios o centros de trabajo de las víctimas, a quienes luego se llevaron en vehículos con logotipos de la misma dependencia gubernamental.

9 Noviembre 2011. Jefe policiaco, señalado como asesino

El 9 de noviembre de 2011, cuatro personas –entre ellas un menor- fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez en la colonia Mariano Escobedo, donde se había registrado un doble homicidio.

La Policía reportó entonces que los detenidos tenían una metralleta AK-47 y dos armas cortas. Los aprehendidos, por su parte, negaron haber estado en posesión de armas y aseguraron que fueron privados de su libertad, golpeados y trasladados a la estación entonces conocida como Aldama, donde “vimos cuando el secretario de Seguridad Pública Julián Leyzaola y los policías que nos detuvieron y golpearon hasta causarle la muerte en la estación de Policía a Jorge Andrés Padilla”, el cadáver fue localizado en un paraje de las afueras de la ciudad. “Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos cuando el señor Julián Leyzaola les ordenó a los policías que al muerto lo fueran a aventar al Camino Real para que no quedara evidencia”.

1 Enero 2013. Agresiones a periodistas

A raíz de la guerra de narcotraficantes desatada en el sexenio pasado, México ha sido calificado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; violencia que, como en otros crímenes sin resolver, ha sido atribuida al crimen organizado.

La investigación de organizaciones especializadas en el seguimiento a las agresiones, sin embargo, ha establecido que la mayoría de los ataques proviene de funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Así lo estableció, por ejemplo, el más reciente informe de Artículo 19, que reportó que “en 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas” y demás trabajadores de la prensa”. También, que en la información destaca un “dato claro y perturbador: en los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público”.

30 Junio 2014. Soldados homicidas

Militares a bordo de un vehículo oficial recorrían calles del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, en el Edomex, cuando pasaron frente a una bodega sin puerta, donde observaron a una persona armada. Alrededor de las cuatro horas se registró un tiroteo que, según el Ejército, fue iniciado por los civiles; un sobreviviente asegura que fue iniciado por los soldados.

De acuerdo con testigos, unos 20 minutos después de que ya habían cesado los disparos, los militares ingresaron en la bodega y encontraron varias personas, dos de ellas amarradas, presuntamente secuestradas. Luego, los testigos escucharon disparos aislados de “armas accionadas por el ejército en contra de las personas rendidas”. Testigos de los hechos relatan que los militares entraron a la bodega, encontraron a civiles rendidos, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse e identificarse para luego dispararles. Así, según estableció la CNDH, hicieron con al menos 12 de las 22 víctimas.

Foto: Cuartoscuro

26 Septiembre 2014. Policías municipales al servicio del narco

Alrededor de las 18 horas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, llegaron en dos camiones a la localidad de Iguala. Ahí tomaron otras dos unidades. Mientras, “halcones” al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala reportaron al Centro de Control el arribo de los normalistas, y asumieron que los estudiantes buscaban sabotear la celebración del informe de actividades de María de los Ángeles Pineda, esposa del Alcalde, José Luis Abarca.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la orden de enfrentar a los estudiantes la emite “A-5”, clave con la que se identifica a Abarca. Los policías detuvieron a los normalistas y los ingresaron en la central de la Policía de Iguala, de donde luego fueron trasladados por policías de Cocula a un camino de terracería ubicado en las inmediaciones de nueve fosas clandestinas encontradas en días posteriores.

Imagen: Especial

18 Octubre 2014. El asesinato de un estudiante en Guanajuato

El 18 de octubre pasado, el estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jesús Esparza Villegas, acudió al Festival Internacional Cervantino de la ciudad de Guanajuato.

Ahí fue detenido por elementos de la Policía Municipal que reportaron haberlo encontrado con “aliento alcohólico”. El día siguiente, de acuerdo con un comunicado de la UdeG, la familia del estudiante recibió la noticia de que éste había muerto “al caer de la azotea de una casa de esa ciudad”.

Imagen: Especial

http://www.sinembargo.mx/25-10-2014/1151361

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