Ventajas y resistencias a incrementar el salario mínimo en el país

eldiariodecoahuila.com.mx

FEDERICO MÜLLER

viernes, 10 de octubre de 2014

INICIATIVA POLÍTICA.- Desde que el presidente Barack Obama decidió otorgar un incremento salarial al personal que labora en las dependencias federales estadounidenses, despertó del letargo a la clase política mexicana; esa decisión del Mandatario norteamericano de alguna manera influyó en el ánimo de un par de populares líderes políticos afiliados a partidos distintos del país, para traer a la palestra pública y por supuesto aprovechando la redituable rentabilidad electoral que pueda dejar el tema salarial, que ha sido tan olvidado y marginado de la política económica, sobre todo aquella que pretende mejorar el ingreso de los trabajadores, en particular los que reciben las percepciones mínimas determinadas por ley.

Las propuestas de aumentos salariales de ambos personajes de ninguna manera pasaron desapercibidas por los actores y agentes de la economía nacional; se levantaron voces, argumentando a favor o en contra de las mismas.

En este artículo, se revisan algunos de los argumentos expuestos en ese debate que pretendió sacudir la conciencia nacional.

HISTORIA ECONÓMICA DE LA POBREZA.- Por años se ha dejado al arbitrio de la Comisión de los Salarios Mínimos la determinación del precio del trabajo, generalmente ha obedecido a criterios económicos neoclásicos, que subordinan las alzas salariales a los incrementos en la productividad laboral.

De acuerdo con esa teoría económica, si las tasas de crecimiento de ambas variables son simétricas o similares, no se presentará inflación en los precios de los bienes y servicios del mercado, al menos por exceso de circulante monetario.

Se puede decir que en México a partir de la década de los 80, del siglo pasado (XX), los salarios se convirtieron en la variable ancla inamovible, en relación a otras también del ámbito macroeconómico, para tratar de estabilizar la alta inflación de aquella época y así poder renegociar con los acreedores la deuda externa, que obligó a México a declararse en moratoria; los pactos de solidaridad y estabilidad económica firmados entre los sectores productivos y las cartas de intención del gobierno signadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron acuerdos que restringieron paulatinamente la capacidad de compra de los salarios, al quedarse rezagados de los incrementos en los precios, cuyo proceso de control y estabilización fue largo y tortuoso.

En términos menos técnicos, se contuvieron las alzas salariales por decreto, abaratando la mano de obra del mexicano, para hacer competitivas las exportaciones del propio país. Los efectos de esas draconianas políticas salariales no se hicieron esperar, particularmente cuando se ven en perspectiva después de más de tres décadas de la primera crisis de pagos del gobierno.

En 1975, las remuneraciones a la fuerza laboral representaron alrededor del 43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Después de 39 años (2013), la participación del trabajo, en ese indicador, severamente disminuyó al 27.4 por ciento. La caída y el espacio laboral dejado fueron aprovechados por la participación del capital en el proceso productivo nacional, que aumentó sus excedentes.

En 2003 el residual bruto de operación alcanzó el 64 por ciento del PIB de ese mismo año, en cambio en 2013 ascendió al 68 por ciento (Fuente: Cuenta de Bienes y Servicios, 2013. INEGI).

Por otro lado, las políticas fiscales formuladas en el período (1983-2013) agravaron todavía más los precarios ingresos de los trabajadores, gravando relativamente más al trabajo que al capital. De 2003 a 2013, los impuestos netos de subsidios a la producción decrecieron de 5.8 por ciento a 4.6 por ciento en ese período.

CONSUMO REPRIMIDO.- Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta el INEGI, sistemáticamente en el territorio nacional, la distribución de la población asalariada en el país, tasada por el monto de las remuneraciones recibidas, se conformó de la siguiente manera: 6’700,000 trabajadores recibieron hasta un salario mínimo diario ($67.29); mientras 12’200,000 empleados tuvieron un ingreso que osciló entre uno y dos salarios mínimos. Y sólo 9’900,000 personas obtuvieron percepciones superiores a dos salarios, pero no mayores de tres salarios.

La Población Económicamente Activa (PEA) remunerada nacional asciende a 49’500,000 ocupados, de los cuales el 58 por ciento ganan de uno a tres salarios. Aproximadamente de cada 100 trabajadores, 58 de ellos, si bien les va ganan hasta 6,000 pesos por mes. Con 1,500 pesos por semana es difícil aspirar al estándar de vida que permita acceder a los satisfactores que cubran las necesidades de hábitat, alimentación, ropa, calzado y transporte del individuo, y aún más complicado a los servicios de salud y educación de calidad.

LA NEGOCIACIÓN SALARIAL POR SECTOR O EMPRESA.- Si se utiliza la metáfora de las carreras para ilustrar el comportamiento entre salarios y precios, se puede decir que fue una carrera totalmente desigual y dispareja que inició en 1983 y todavía no concluye; los incrementos en las tasas inflacionarias fueron muy superiores a las tasas de aumentos salariales.

La brecha ha provocado una desvalorización acentuada del poder adquisitivo del salario mínimo, que propicia un mercado interno débil, acotado y vulnerable. Una forma de reactivarlo es a través del incremento del consumo de las familias, por la vía de los aumentos de sus ingresos, que puede darse, según los economistas ortodoxos, por el alza en la productividad laboral, inversión de capital, capacitación o adopción de nuevas tecnologías.

No obstante, tales variables en el sistema capitalista nunca han sido excluyentes, generalmente el mayor rendimiento del obrero está en función de factores intrínsecos a él (capacitación, habilidad, actitud…), y desde luego de los instrumentos y técnicas con las que trabaja, determinadas por la inversión y la tecnología.

Por ello, seguir las fórmulas y el camino convencional, sería continuar aplazando el rezago adquisitivo de los salarios, que ya resulta insostenible para la clase trabajadora de escasos recursos. Una salida emergente para paliar la crisis en los ingresos familiares, podría ser dejar que cada empresa o sector industrial defina las percepciones de sus empleados.

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